En 2022, casi la mitad de los yucatecos vivían en situación de pobreza, según el más reciente informe de pobreza multidimensional del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) publicado este año.
Aunque las cifras muestran una mejora respecto al periodo más crítico de la pandemia (de COVID-19), las condiciones estructurales que enfrentan las familias en el estado siguen siendo motivo de preocupación.
De acuerdo con el informe, el 49.2% de la población en Yucatán se encontraba en situación de pobreza. Esta proporción es menor al 54.4% registrado en 2020, pero aún superior al 45.5% reportado en 2018, lo que indica una recuperación parcial tras la crisis sanitaria y económica, sin alcanzar todavía los niveles previos a la pandemia.
La pobreza extrema, que implica al menos tres carencias sociales y un ingreso insuficiente para adquirir la canasta básica alimentaria, afectó al 13.2% de la población del estado. Esta cifra representa una disminución frente al 19.3% de 2020, aunque se mantiene por encima del 10.3% de 2018.
Principales carencias
El estudio también documenta que las principales carencias sociales en Yucatán se concentran en la falta de acceso a seguridad social, que afecta al 63.3% de la población, una de las cifras más altas del país, seguida por servicios de salud, con 45.8%, en buena medida debido a los cambios en el sistema federal.
Además, el 19.8% de las personas presenta rezago educativo, especialmente jóvenes que no concluyeron la preparatoria; el 17.2% habita viviendas con deficiencias en calidad o espacio; el 19.4% carece de servicios básicos como agua entubada, drenaje o electricidad; y el 17.8% enfrenta dificultades para acceder a una alimentación nutritiva y de calidad.
En términos de ingreso, el 63.4% de la población tuvo percepciones por debajo de la línea de pobreza, y el 26.6% se ubicó incluso por debajo del umbral de pobreza extrema. Finalmente, el informe señala que, si bien hubo un aumento general en el ingreso laboral durante el periodo analizado, este no se tradujo automáticamente en la disminución de las carencias sociales.
De hecho, el número de personas vulnerables por carencias aumentó, lo que revela que la mejora económica no ha sido suficiente para garantizar el ejercicio pleno de derechos como salud, educación o vivienda digna.
