El Gobierno del Estado prepara una iniciativa de ley que fijará como tope salarial el sueldo del titular del Poder Ejecutivo, con el objetivo de impedir que funcionarios de las llamadas “altas burocracias” perciban ingresos mayores al del gobernador.
Esta medida se inspira en el modelo federal de austeridad implementado durante la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
El contexto fue confirmado por el propio Gobernador durante la sesión solemne celebrada en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde reiteró que la propuesta busca homologar las percepciones de magistrados, jueces y otros cargos de alto rango.
Gaspar Daniel Alemañy Ortiz, consejero jurídico del Gobierno estatal, dijo que ya recibió la instrucción para comenzar la elaboración de la propuesta. “La idea es regular los sueldos de las altas burocracias tomando como base el salario del Gobernador y, a partir de ahí, establecer un estándar para el resto de los puestos”, señaló.
¿Cuál será el máximo?
Actualmente, el Gobernador del estado percibe alrededor de 146 mil pesos mensuales, cantidad que se convertiría en el límite máximo. A partir de esa cifra, los sueldos de otros cargos serían ajustados hacia abajo.
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Según el consejero jurídico, se han detectado casos en los que, mediante bonos y compensaciones, algunos funcionarios rebasan ese límite, entre ellos el presidente del Tribunal Superior de Justicia.
“Con esta iniciativa se pretende fijar un tope (a los salarios). Esperamos que el Legislativo la apruebe en este mismo periodo, y que en un par de semanas podamos presentar formalmente el documento”, agregó Alemañy Ortiz, al subrayar que la medida busca fortalecer la confianza ciudadana y garantizar el uso responsable de los recursos públicos.
Reforma al Insejupy
Durante la entrevista, el consejero jurídico informó sobre otros temas relevantes en materia normativa y administrativa. Señaló que ya se publicó la reforma al Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy), que incorpora un capítulo dedicado a regular la labor de los asesores inmobiliarios.
En breve se lanzará una convocatoria para integrar un padrón de asesores, quienes deberán capacitarse mediante programas avalados por el Injesupy o por empresas certificadas. Además, se implementarán licencias tipo A, B o C según la especialidad de cada asesor.
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Instituto de Transparencia
Por otro lado, indicó que ya se encuentra en vigor la nueva ley de transparencia que crea el Instituto de Transparencia para el Pueblo de Yucatán, en sustitución del Inaip. Ya se designó un enlace de la consejería para la comisión de transición, que cuenta con un plazo de hasta 30 días para concluir su labor.
Respecto a los inmuebles del Inaip, mencionó que se evalúa conservar el edificio cercano al salón de plenos como sede principal, y que el recinto de sesiones probablemente dejará de utilizarse.
La propuesta para limitar los salarios ha generado expectativas, pues sentaría un precedente en Yucatán en materia de austeridad y control presupuestal. “Lo importante es que no haya funcionarios con ingresos por encima de quien encabeza el Ejecutivo estatal. Es una cuestión de congruencia, orden y responsabilidad en el manejo de los recursos que son del pueblo”, concluyó el consejero jurídico.
