Los pueblos mayas de Yaxcopoil, San José Tzal, Tebec y Hotzuc mantienen una ofensiva legal contra bancos de materiales pétreos que operan o pretenden instalarse cerca de sus viviendas, sitios arqueológicos y fuentes de agua.
Las comunidades acusan a autoridades federales y estatales de no garantizar sus derechos al territorio, la consulta indígena y un medio ambiente sano. También cuestionan al Poder Judicial de la Federación por haber permitido que uno de los proyectos continúe mientras se resuelve un juicio de amparo.
Acompañados por la organización Utsil Kuxtal, los habitantes han presentado denuncias ante dependencias ambientales, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y tribunales federales.
Las irregularidades y afectaciones señaladas todavía no han sido acreditadas mediante resoluciones definitivas. Hasta ahora proceden de estudios y testimonios aportados por los pueblos, mientras las autoridades y empresas señaladas no han ofrecido una explicación pública integral.
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Bancos a menos de un kilómetro
El caso más reciente corresponde a Yaxcopoil, comisaría de Umán, donde la comunidad presentó el 19 de agosto una denuncia popular ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
También acudió a la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) de Yucatán y al INAH.
Las acciones se dirigen contra el proyecto “Cypssa Península”, promovido por Caminos y Puentes del Sureste, S.A. de C.V., y otro banco cuya razón social no ha sido identificada.
Un estudio técnico incorporado a las denuncias ubica los proyectos a 994.479 metros del núcleo de población de Yaxcopoil, a mil 918.834 metros del sitio arqueológico Yaxcopoil-Tanmul y aproximadamente a 600 metros de un tanque estacionario de gas.
La comunidad sostiene que esas distancias contravienen la Norma Técnica Ambiental NTA-002-SEDUMA-10, publicada en el 2010, que establece una separación mínima de cinco kilómetros respecto de asentamientos humanos y vestigios arqueológicos.
La disposición también contempla distancias superiores a mil metros de gasoductos, oleoductos, líneas eléctricas de alta tensión, subestaciones y otras instalaciones de riesgo.
Yaxcopoil-Tanmul está registrado por el INAH como un sitio arqueológico de rango dos. La comparación de su relevancia con Dzibichaltún y Oxkintok procede de la documentación presentada por los denunciantes, no de un nuevo dictamen público del Instituto.
El registro de la Semarnat confirma que Cypssa ingresó en noviembre del 2024 una Manifestación de Impacto Ambiental para abrir y operar un banco en seco sobre 71.6 hectáreas en Umán.
La autoridad federal emitió posteriormente una prevención para que la empresa atendiera requisitos pendientes. Ese acto administrativo no constituye por sí mismo una autorización ni una negativa definitiva, por lo que falta precisar públicamente el estado actual del expediente.
La Secretaría de Desarrollo Sustentable había aprobado desde el 2023 una evaluación ambiental estatal que contempla la extracción de aproximadamente dos millones 279 mil metros cúbicos de material.
En enero del 2026, pobladores impidieron el ingreso de maquinaria y el INAH colocó sellos temporales en uno de los sitios ante la posible existencia de vestigios arqueológicos.
Por tanto, no es exacto afirmar que nunca hubo una clausura. El señalamiento de la comunidad es que esa medida temporal no resolvió el conflicto ni produjo una suspensión integral de las actividades cuestionadas.
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Proser llega a tribunales
San José Tzal, comisaría de Mérida, así como Tebec y Hotzuc, pertenecientes a Umán, promovieron en marzo un juicio de amparo contra la Semarnat, la Profepa, la Secretaría de la Defensa Nacional y la SDS.
Las comunidades cuestionan las omisiones que, según su demanda, permitieron el inicio de trabajos de extracción vinculados con el Programa de Restauración de Ecosistemas y Servicios Ambientales (Proser), pese a que el proyecto aún no contaba con una resolución ambiental y no se había realizado una consulta indígena.El proyecto sometido a evaluación contempla un banco de materiales, una planta trituradora y otra de asfalto sobre más de 317 hectáreas, dentro de un predio ejidal de aproximadamente 529 hectáreas.
Las 529 hectáreas corresponden al terreno completo y no a la superficie directa del banco, como afirma el texto original.
Los habitantes atribuyen a las detonaciones y al tránsito de maquinaria la generación de polvo, ruido y posibles daños en viviendas. No obstante, siguen pendientes mediciones oficiales de partículas, vibraciones, calidad del agua y afectaciones estructurales.
La jueza Cuarto de Distrito en Yucatán, Elsa Patricia Espinoza Salas, admitió el amparo, pero negó las suspensiones provisional y definitiva solicitadas por los pueblos.
La decisión permitió que las actividades continuaran mientras se resuelve el juicio, pero no significa que el proyecto haya sido declarado legal ni que los reclamos comunitarios fueran desechados.
