Organizaciones ambientalistas, defensoras de derechos humanos y especialistas nacionales e internacionales solicitaron al Tribunal Colegiado de Yucatán realizar un análisis de fondo sobre el proyecto de la granja avícola Akutzá, de Bachoco, que pretende instalarse en el municipio de Peto, al considerar que antes de autorizar su operación debe acreditarse que no representa riesgos para el medio ambiente ni para el Sistema Lagunar de Chichankanab.
El pronunciamiento fue presentado mediante un Amicus Curiae dentro del recurso de revisión del amparo 47/2025, promovido por ejidatarios de la región que buscan impedir que el caso sea desechado sin estudiar los posibles impactos ambientales del proyecto.
Las agrupaciones sostienen que, conforme a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Acuerdo de Escazú, corresponde a las autoridades y a la empresa demostrar que la granja no ocasionará afectaciones ambientales, y no a las comunidades probar anticipadamente que el daño ya existe.
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Peligro para el acuífero
En el documento entregado al Tribunal argumentan que este principio cobra especial importancia en la Península de Yucatán debido a la naturaleza kárstica del subsuelo, que facilita la filtración de contaminantes hacia los acuíferos, cenotes y cuerpos de agua superficiales.
A juicio de las organizaciones, trasladar la carga de la prueba a los habitantes limitaría el acceso efectivo a la justicia ambiental y debilitaría la protección preventiva de los recursos naturales.
El posicionamiento surge después de que el pasado 12 de junio los magistrados aplazaran la discusión del proyecto de resolución que, según advirtieron los promoventes, podría desechar el amparo sin entrar al análisis de fondo de las preocupaciones planteadas por los ejidos del Sistema Lagunar de Chichankanab.
Contra principios internacionales
Las organizaciones alertaron que una resolución en ese sentido sentaría un precedente que dificultaría a otras comunidades defender de manera anticipada sus territorios, fuentes de agua y ecosistemas frente a proyectos agroindustriales con potencial impacto ambiental.
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Asimismo, señalaron que una decisión de esa naturaleza podría contravenir principios internacionales en materia de derechos humanos y protección ambiental asumidos por México, particularmente los de prevención, precaución e in dubio pro natura, que privilegian la protección del ambiente cuando existe incertidumbre científica sobre posibles afectaciones.
Finalmente, hicieron un llamado al Tribunal Colegiado para modificar el sentido del proyecto de resolución, reconocer el interés legítimo de los ejidatarios y garantizar que el amparo sea resuelto con un estudio integral del caso, a fin de determinar si el proyecto cumple con los estándares ambientales y de derechos humanos aplicables.
