Después de años de lucha, movilización y resistencia, este 7 de mayo se publicó en el Diario Oficial del Estado el decreto que hace oficial la despenalización del aborto en Yucatán.
A partir de este 8 de mayo, todas las personas con capacidad de gestar podrán interrumpir legalmente su embarazo durante las primeras 12 semanas.
Se trata del decreto 72/2025, que reforma los artículos 389, 390, 391 y 393 del Código Penal, y elimina el 392.
Esta reforma no es menor: reconoce el derecho a decidir y protege a miles de personas que antes eran criminalizadas por ejercerlo.
Lo que se debe de saber
- Ya no se castigará a quienes aborten dentro del primer trimestre.
- No solo aplica a mujeres, sino a todas las personas que puedan gestar.
- Después de las 12 semanas, sí puede haber sanciones, pero son mucho menores: prisión de 3 meses a 1 año o trabajo comunitario.
- Si no se demuestra el delito de aborto, no podrá reclasificarse como homicidio, algo que durante años usaron para perseguir a mujeres.
Noticia Destacada
Joaquín Díaz Mena adelanta nueva visita presidencial de Claudia Sheinbaum a Yucatán
¿Y si alguien obliga a abortar?
El decreto también protege frente a abortos forzados: quien provoque uno sin consentimiento puede recibir de 5 a 10 años de cárcel, y si usó violencia, la pena puede ser de hasta 15 años.
Si lo hace un médico, enfermero o partero, además perderá su licencia por el mismo tiempo que dure la condena.
Casos en los que no será delito abortar
El nuevo artículo 393 establece cinco casos en los que no se castigará el aborto: en caso de que fuera accidental o sin intención, si el embarazo fue por violación o inseminación no consentida, si el embarazo pone en riesgo la vida de la persona gestante, al estar frente a precariedad económica y cuando el feto tiene alteraciones genéticas o congénitas graves.
Noticia Destacada
En Yucatán, urge una conducción segura y civilizada; ingeniero vial pide mayor empatía a quienes manejen un vehículo
Un logro colectivo
Este avance no cayó del cielo. Es el resultado de años de lucha feminista y presión social, de marchas, denuncias, acompañamientos, protestas y exigencias constantes. Es también un paso más hacia un país donde el derecho a decidir no sea privilegio, sino garantía.
Hoy, Yucatán se suma a los estados que entienden que la justicia reproductiva es una deuda histórica, y que nadie debe ir a la cárcel por tomar decisiones sobre su propio cuerpo.
