Luego de la legalización del aborto, las solicitudes de apoyo para practicarse la interrupción del embarazo han aumentado y, al menos el colectivo Marea Verde, recibe en promedio entre 5 y 8 llamadas de mujeres que buscan un procedimiento seguro.
Las yucatecas que piden ayuda para interrupción del embarazo con medicamentos o que requieren intervenciones hospitalarias son referidas al hospital Agustín O’Horán, de Mérida que ofrece una atención segura.
Sin embargo, junto al aumento de la demanda, también se ha intensificado el hostigamiento digital: han recibido amenazas y ataques en redes sociales por su trabajo de acompañamiento, lo que ya no consideran desacuerdos de opinión, sino delitos que atentan contra sus derechos, porque aseguran que trasgreden la línea del respeto.
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Como informamos, desde el pasado 9 de abril, el Congreso del Estado aprobó por mayoría la legalización del aborto, lo que significa que las mujeres que se sometan voluntariamente a la interrupción del embarazo, entre las 0 y 12 semanas de gestación no cometen ningún delito.
Las integrantes de Marea Verde recalcaron que la diferencia entre quienes defienden los derechos reproductivos y quienes se oponen radica en la violencia con la que actúan estos últimos. Aseguraron que el odio y el hostigamiento de los grupos antiderechos cruzan los límites del marco legal, y pidieron protección para las organizaciones que están apoyando el acceso al aborto oportuno, legal y gratuito.
Anunciaron que continuarán con campañas de sensibilización, pláticas informativas y, si es necesario, recurrirán a organismos nacionales e internacionales para visibilizar la violencia institucional que enfrentan.
Marea Verde Yucatán condenó enérgicamente los actos de violencia política de género dirigidos contra legisladoras, equipos técnicos, activistas y organizaciones involucradas en el proceso. “No puede ser posible que quienes defienden derechos humanos sean intimidadas.El Estado tiene la obligación de protegernos”, insistieron.
Las activistas recordaron que el proceso de la nueva ley se concluirá cuando se publique en el Diario Oficial del Estado (DOE), para que formalmente entre en vigor. Comentaron que también está pendiente la aprobación de una Ley Estatal de Salud con perspectiva de derechos humanos y la reforma constitucional que garantice de forma integral el derecho a decidir.
Dijeron que, aunque la reforma al Código Penal representa un avance histórico, todavía queda mucho por hacer.
