Las casas, palapas y estructuras levantadas a escasos metros del acotamiento de la carretera federal 180, entre el kilómetro 30 y 35 del tramo Puerto Real y Ciudad del Carmen, aparentemente sus propietarios están tratando de evitar acciones legales por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), puesto que muchas de estas se han puesto a la venta, en algunos otros casos decidieron perder la batalla y se encuentran hoy abandonadas, dejando un paisaje de construcciones deterioradas y sin mantenimiento.
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Recientemente, personal de la PROFEPA afirmó que los procedimientos emprendidos hace cuatro años, tras la voraz invasión durante la pandemia, se encontraban en tribunales, donde aparentemente los “dueños” de estos terrenos presentaban evidencias que iban desde escrituras debidamente notariadas e inscritas ante el Registro Público de la Propiedad (RPP), sin embargo, aunque algunos han visto que se ha tardado demasiado, prefirieron deshacerse de lo que podría ser un problema legal.
En estas casas de verano a la orilla de la playa, así como palapas y una que otra techumbre, se observan lonas de “se vende”, incluso, profesionales inmobiliarios también colocan en sus páginas de redes sociales alguna que otra de estas propiedades, las cuales valúan incluso en varios millones de pesos, de acuerdo con las dimensiones.
Sin embargo, por ahora el problema es doble, por un lado se trata de bienes presuntamente concesionados que nunca debieron convertirse en barreras para que la población disfrutara de las playas públicas, pero por otro representan un peligro real para automovilistas y familias que circulan por esta vía de comunicación, pues varias quedaron tan cerca de la carretera que apenas las separan tres metros del asfalto.
Además, en algunos casos incluso construyeron debajo de líneas de alta tensión y de torres de concreto de la CFE, además de violar las normas técnicas que estipula la SICT por el derecho de vía.
Al recorrer la zona se observan cabañas vacías, casas de playa deterioradas, propiedades que alguna vez usaron la concesión federal como si fueran dueños absolutos del terreno. Hoy, ni son aprovechadas, ni cumplen función social, ni aportan seguridad ambiental, es decir, solo se mantienen como evidencia de cómo un supuesto permiso federal fue usado para privatizar acceso a playas que son libres, y que ahora quedan como obstáculos abandonados en uno de los tramos más transitados del municipio.
JGH
