El ingreso de celulares a los centros penitenciarios, utilizados por personas privadas de la libertad (PPL) para cometer extorsiones, ocurre principalmente con la ayuda de familiares o, en algunos casos, de custodios en contubernio, informó Javier Herrera Valles, subsecretario del Subsistema Penitenciario de Prevención y Reinserción Social del Estado.
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Lo anterior se detectó durante un operativo de revisión realizado el 15 de diciembre en el centro penitenciario de Ciudad del Carmen, donde agentes federales y estatales aseguraron alrededor de 100 celulares, así como cocaína en piedra y polvo, marihuana, cristal y tepache.
Herrera Valles recordó que las inspecciones también se llevaron a cabo en el Centro de Internamiento para Adolescentes de Kila, Lerma, y que estos operativos serán permanentes y sorpresivos. El objetivo es mantener el orden dentro de los reclusorios, evitar el ingreso de objetos prohibidos y frenar la extorsión cometida mediante teléfonos celulares. El subsecretario destacó que la reciente promulgación de la Ley Contra la Extorsión, como parte de la política de seguridad de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, refuerza este tipo de acciones.
Indagarán complicidades para erradicar delitos
El funcionario explicó que los móviles pueden ingresar por diferentes vías: familiares, apoyo de terceros e incluso con complicidad de algunos custodios. Por ello, se investigarán todas las conductas ilícitas relacionadas con el ingreso de dispositivos electrónicos.
Los operativos también buscan erradicar el consumo de sustancias psicotrópicas y bebidas alcohólicas caseras, como el tepache, para prevenir adicciones y fortalecer la seguridad en los penales. Con la nueva Ley Contra la Extorsión, se contemplan sanciones penales para quienes cometan este delito, ya sean internos o quienes los ayuden a introducir los dispositivos.
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Herrera Valles señaló que las carpetas de investigación en curso determinarán con precisión si los responsables son únicamente los internos o también hay otras personas que colaboraron en el ingreso de los artículos electrónicos. Precisó que, dependiendo del delito y del objeto o sustancia ingresada ilegalmente al penal, los casos se turnarán al fuero común con la Fiscalía General del Estado (FGE) o, en su caso, ante la Fiscalía General de la República (FGR)