La corrupción y omisión de las autoridades laborales están permitiendo el desplazamiento de trabajadores carmelitas, denunció Alonso Medina López, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Ciudad del Carmen (CTM), al señalar irregularidades en los contratos colectivos de trabajo firmados en diversas obras de la ciudad.
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Medina López afirmó que lo ocurrido en la construcción de la nueva Bodega Aurrerá es resultado de prácticas ilegales entre empresarios, sindicatos “patito” y funcionarios públicos, quienes se benefician de acuerdos que excluyen a la mano de obra local.
El conflicto se intensificó tras el reclamo entre el Sindicato 1913, afiliado a la CTM, y el Sindicato de Transporte, Construcción y Servicios, adherido a la Confederación de Obreros Revolucionarios (COR), por un presunto contrato ilegal que habría desplazado a trabajadores carmelitas.
Aunque en algunas obras se ha respetado la participación local —como en el caso de los volqueteros, que obtuvieron el 90% de la actividad en la construcción de Bodega Aurrerá— Medina López advirtió que persisten abusos por parte de sindicatos sin legitimidad, que operan con contratos inválidos.
“El toma de nota que ostenta Luis Librado Fonseca Hernández del Sindicato 1913 no es legal. Tengo pruebas de que quien firma en la Ciudad de México no tiene derecho de hacerlo. Aun así, las autoridades permiten que trabajen y engañen a los trabajadores, descontándoles entre 100 y 300 pesos semanales sin sustento legal”, acusó.
El dirigente responsabilizó directamente a las autoridades laborales y estatales por permitir que estos sindicatos operen sin supervisión, ignorando las reformas laborales impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
También denunció que muchos contratos son ficticios, usados como pantallas para que sindicatos ilegales reciban beneficios económicos a cambio de no intervenir en las obras, excluyendo a las organizaciones legítimas.
“Los empresarios se coluden con esos grupos para pagar salarios por debajo de lo justo y evadir obligaciones como el Seguro Social y equipos de seguridad. Lo mismo ocurrió en la construcción del Hospital Gineco-Pediatra. Esta corrupción seguirá hasta que haya un gobernante que ponga mano dura”, sostuvo.
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Finalmente, Medina López respaldó las denuncias del Sindicato de la COR, al considerar que se trata de una demanda justa. Mientras unas organizaciones mantienen sus papeles en regla, otras —con líderes corruptos y respaldo empresarial— perjudican directamente al trabajador.
JGH
