Un año y tres meses después del accidente que le arrebató la vida a su hijo de 11 años, José Elías Ruiz, padre de Dago, denunció que la Fiscalía General de Justicia y los responsables de la obra continúan sin ofrecer justicia ni avances reales en la investigación. El padre relató que pese a múltiples diligencias, audiencias y vinculaciones, el proceso está atorado porque las autoridades aseguran “no encontrar” a los propietarios del predio donde ocurrió el hecho, a pesar de que ya cuentan con información para localizarlos.
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Según explicó, en la última audiencia el contratista a cargo de la obra, Víctor Alejandro Ramos Saravia, fue vinculado a proceso por el delito de omisión, debido a que la demolición en la que murió el menor no contaba con permisos ni medidas de seguridad. La juez determinó su responsabilidad en la falta de acordonamiento, protección y trámites obligatorios. Sin embargo, el contratista ha presentado apelaciones contra la resolución de la juez y contra la Sala Mixta, que también confirmó la vinculación. A pesar de estos recursos, el padre señala que el acusado insiste en evadir su responsabilidad, prolongando el proceso de manera indefinida.
El padre acusa que la empresa Sararam, propiedad del contratista, realizaba trabajos de demolición de forma irregular, sin permisos de construcción, sin medidas de seguridad y sin acordonar la zona, pese a tratarse de un área altamente transitada por familias, estudiantes y usuarios del transporte público. El accidente ocurrió frente a una tienda comercial, además de una veterinaria y una dulcería que diariamente reciben la visita de niños y padres de familia. José Elías insiste en que lo sucedido pudo haber afectado a cualquier familia, y que la falta de prevención fue absoluta.
Según el testimonio del padre, un trabajador de la obra declaró que el contratista les ordenó continuar pese a no tener permisos y que, si llegaba personal del Ayuntamiento, “les iba a pasar una lana”. Para José Elías, esta conducta refleja la negligencia y el desinterés total. Afirma que la muerte de su hijo fue resultado directo de esta irresponsabilidad y de la ausencia de controles sobre obras que operan sin autorización.
Además del contratista, el padre de Dago señala como responsables a los dueños del predio, identificados como apoderados legales de la empresa Provicsa, originarios de Villahermosa. Afirma que ellos también deben responder porque, al contratar a una constructora para una demolición, estaban obligados a verificar que la obra contara con permisos y medidas de seguridad. Sin embargo, hasta ahora no han sido notificados, pues la Fiscalía asegura no ubicarlos, pese a que él ya proporcionó información para localizarlos.
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Visiblemente afectado, Elías Ruiz lamentó que el tiempo avance mientras su hijo permanece sin justicia. Recordó que Dago, quien hoy tendría casi 13 años, dejó sueños, metas y una vida entera por vivir. Señaló que la incapacidad de las autoridades para ejecutar notificaciones, resolver apelaciones y hacer cumplir la ley permite que tragedias como la vivida por su familia puedan repetirse en cualquier momento, poniendo en riesgo a la ciudadanía.
El padre de Dago insistió en que no busca venganza, sino justicia, y advirtió que, si este caso queda impune, más personas podrían perder la vida debido a obras irregulares operadas sin supervisión. Hizo un llamado firme para que las instituciones actúen, localicen a los responsables y eviten que la muerte de su hijo quede “en el olvido”.
