Mientras la abogada Olimpia Álvarez Casanova inició proceso legal para la recuperación de un terreno en la calle 20 de la colonia Guanal, se supo que la acción emprendida por el Ayuntamiento de Carmen radica de una denuncia impuesta por vecinos desde noviembre del 2024 ante la dirección de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable, y que ello derivó en un procedimiento de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), quien ya la había emplazado a retirar malla ciclónica y restricciones de acceso, pues la concesión no le daba autorización para usar de forma privada y con fines de lucro el espacio.
La noche del pasado martes, Álvarez Casanova se presentó en la Vicefiscalía Regional de Justicia en Ciudad del Carmen y denunció penalmente al alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus y al director de Servicios Públicos, Gustavo Salinas García, por despojo y abuso de autoridad tras la ocupación presuntamente ilegal de un terreno federal, que la SEMARNAT le había otorgado desde hace más de 14 años a su nombre.
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En sus argumentos, advirtió que la medida adoptada por el Ayuntamiento de Carmen, no solamente en su contra sino en otros casos, está basada en la nueva Ley de Expropiación, pese a que esta reciente modificación ni siquiera ha sido publicada en el Diario Oficial del Estado. Además, acusó que lo sucedido en la colonia Guanal fue con la finalidad de polarizar a la sociedad, poniendo a vecinos contra vecinos para justificar sus acciones.
Cabe señalar que a la par en que Álvarez Casanova denunciaba, los vecinos del Guanal presentaron evidencias de que el despojo del inmueble fue promovido por ellos, pues en agosto del 2024 hicieron de conocimiento a Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable que en el terreno se estaban talando árboles de mangle. Al llegar los inspectores encontraron a un sujeto con una motosierra y aunque la abogada argumentó que era poda habitual, se observaron troncos con cortes rectos.
Posteriormente, la autoridad la citó a comparecer y volvió a argumentar que no era con la intención de talar el manglar y que solo era parte de la concesión DGZF-1054/11 emitida el 9 de noviembre de 2011, para aprovechamiento del terreno de mil 349.13 metros cúbicos, en donde el objetivo era construir un estacionamiento con guarniciones y caseta de vigilancia. Sin embargo, tras 13 años de esa petición, el espacio no tenía nada de eso.
A raíz de la situación, desde septiembre del 2024 inició el procedimiento, pues Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable presentó denuncia ante PROFEPA en contra de Álvarez Casanova y solicitó quitarle la concesión. En noviembre del 2024, fue la dependencia federal la que emitió un documento donde la exhortó a retirar toda la malla ciclónica, señalando que no tenía autorizado cercar y que el incumplimiento del motivo de la concesión derivaba en una sanción, dándole un plazo de 15 días para resolverlo.
Los vecinos indicaron que todo ese procedimiento se siguió y que la muestra de que no acató las disposiciones de la PROFEPA es que, cuando llegó Servicios Públicos, tuvieron que romper el candado para ingresar al predio que seguía con cerca metálica, pues este era arrendado a los inquilinos de los departamentos en la parte frontal.
