Por Sandra Chan Ordóñez
En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se planteó la Estrategia Digital Nacional como una línea de acción transversal con una doble intención: por un lado, fomentar el uso y desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en México, y por otro, transitar a una sociedad del conocimiento. En este sentido, se establecieron cinco objetivos en cuanto a: transformación gubernamental, transformación educativa, economía digital, salud universal y efectiva e innovación cívica y participación ciudadana.
De acuerdo a lo reportado en https://www.gob.mx/mexicodigital, el avance en materia de transformación educativa es de un 100 %. Con esto, según se asevera, existe garantía de la integración de las TIC al proceso educativo, del desarrollo de habilidades digitales en los estudiantes y la inserción del país en la sociedad de la información y el conocimiento.
Ahora bien, al revisar las iniciativas que sustentan lo anterior, pueden encontrarse resultados como “más de 241 mil ciberespectadores”, “1,513, 625 visitantes a los sitios web”, “se entregaron 741,950 tabletas”, “101,322 sitios públicos con servicios de internet contratado”, entre otras afirmaciones similares. Esto suele ocurrir con los proyectos orientados a las TIC, y las cifras parecen alentadoras, pero ¿cuáles son los beneficios educativos y sociales que acompañan estas cifras?
Es por ello que valdría la pena realizar una valoración cualitativa proveniente de los diferentes agentes que intervienen en el proceso educativo, tales como: docentes, estudiantes, directivos, supervisores y asesores, entre otros. De esta manera podríamos conocer lo que ocurre en las instituciones, en los centros escolares y, sobre todo, en las aulas, espacios en los que puede y debe concretarse toda iniciativa educativa.
Incluso, antes de llegar al punto de los resultados, se debería partir de propuestas y proyectos provenientes de estos agentes, para que el uso de las TIC se fundamente en una necesidad social y cultural con efectos reales de transformación educativa. Al respecto Juan Carlos Tedesco en “Tecnologías de la Información y desigualdad educativa en América Latina”, menciona que la potencialidad democratizadora de las TIC “no depende de las tecnologías mismas, sino de los modelos sociales y pedagógicos en los cuales se inserte su utilización”.
Si hacemos una revisión de los modelos que sustentan la incorporación de las TIC en el contexto educativo mexicano, seguramente encontraremos que existe una fuerte influencia económica y empresarial. Esto es inevitable puesto que el capital para el desarrollo de la tecnología se encuentra en dichos sectores y debido a que, en un mundo globalizado, la competencia económica tiene un papel preponderante.
Ante este escenario es ineludible dar voz a los docentes, a los centros e instituciones educativas y a la comunidad en la que se encuentran insertos, para que con base en el conocimiento de su realidad puedan proponer, gestionar y potencializar el uso de las TIC. Esto contribuirá a que la inversión en materia de infraestructura, equipamiento y mantenimiento sea de provecho para los principales usuarios, aporte beneficios a largo plazo y sea posible utilizar las TIC para atender las demandas de una educación con calidad más allá de la cobertura. De igual manera, esto posibilitará transitar de consumidores a desarrolladores de contenidos, recursos y materiales educativos con un enfoque de responsabilidad y respeto hacia las oportunidades de acceso de los estudiantes.
Como menciona Joaquín Brunner: “lo que importa al final son las innovaciones, y no las tecnologías”. La innovación entendida como un cambio que produce mejora en la vida de las personas, es un llamado a trabajar en proyectos para el desarrollo de las TIC con una orientación política, democrática y a favor de la reducción de la brecha no sólo digital, sino también social y cultural.
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