En un hecho sin precedentes, el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez fue declarado culpable por fraude procesal y soborno a testigos, convirtiéndose en el primer exmandatario en ser condenado penalmente en el país.
La decisión fue emitida este lunes por la jueza Sandra Heredia en Bogotá, tras un juicio que se extendió por casi 13 años y que ha polarizado a la sociedad colombiana.
Uribe, en el centro del juicio más mediático de Colombia
La jueza determinó que Uribe, de 73 años, instigó a terceros para manipular a testigos encarcelados con el fin de obtener declaraciones a su favor, luego de que el senador Iván Cepeda lo acusara en 2012 de vínculos con grupos paramilitares.
Estas maniobras ilegales incluyeron el involucramiento del abogado Diego Cadena, quien operó como emisario del exmandatario.
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En 2020, la Corte Suprema ordenó la detención domiciliaria de Uribe, quien renunció al Senado durante ese periodo. La Fiscalía solicitó cerrar el caso en múltiples ocasiones, pero los jueces mantuvieron la causa abierta por la solidez de los indicios.
Qué sigue tras la condena
Aunque fue absuelto del delito de soborno simple, Uribe fue hallado culpable en calidad de determinador en los otros dos cargos.
La Fiscalía pide una pena de nueve años de prisión, mientras que la Procuraduría sugiere prisión domiciliaria. La sentencia será anunciada el viernes, pero la defensa ya anticipó que apelará el fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá, lo cual podría extender el caso hasta octubre.
Impacto político y tensiones internacionales
La condena llega en un momento clave para Colombia, con las elecciones presidenciales de 2026 en el horizonte. Aunque Uribe ya no busca cargos públicos, su figura sigue siendo central en la derecha y en su partido, el Centro Democrático.
La polarización se ha intensificado, con sectores que ven la decisión como justicia histórica y otros que denuncian una persecución política.
Incluso desde Estados Unidos, el senador republicano Marco Rubio calificó la condena como “una instrumentalización del poder judicial colombiano”, reflejando el deterioro en las relaciones diplomáticas entre Bogotá y Washington desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump.
Este veredicto no solo redefine la figura de Uribe ante la historia, sino que también deja abierta una serie de interrogantes sobre la fortaleza institucional, el papel de los expresidentes y la independencia judicial en América Latina.
IO
