A más de un año del inicio formal del proceso para la gubernatura, la actividad proselitista adelantada es un hecho público, sin que las autoridades emitan advertencias, señaló Pablo Romero, abogado especializado en derecho electoral.
Refirió que más de 30 figuras de la política, incluidos funcionarios de alto nivel de los Gobiernos estatal y federal, así como senadores y diputados locales y federales, realizan desde hace meses, incluso, años, actividades fuera de los tiempos legales.
Precisó que estos actores, principalmente vinculados a Morena y al Partido Verde, llevan a cabo giras, actos denominados “informativos”, apariciones frecuentes en medios de comunicación, difusión de propaganda digital y física, pese a que no existe un periodo autorizado para tales acciones.
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El también catedrático universitario comentó que la legislación es clara: los actos anticipados de campaña están prohibidos. No obstante, en Quintana Roo parece que la norma dejó de aplicarse. Espectaculares con nombres e imágenes, pintas en bardas, entrevistas reiteradas, coberturas disfrazadas de orgánicas en portales digitales, publicidad pagada en redes sociales -incluido el uso de bots- y eventos partidistas encubiertos se multiplican sin consecuencias.
Sostuvo que la omisión es compartida. El Instituto Nacional Electoral (INE), como ente fiscalizador; el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), encargado de organizar los comicios locales y el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), responsable de sancionar, no han fijado postura pública ni iniciado procedimientos de oficio, aun cuando la promoción personalizada es evidente.
El jurista Carlos Moreno, con experiencia en procesos federales, advirtió que la inacción institucional no es neutral. “Cuando la autoridad observa una conducta reiterada y pública y no actúa, envía un mensaje de permisividad”, expresó. Resaltó que la promoción anticipada rompe la equidad y contamina la contienda antes de que comience.
Añadió que no es necesaria una denuncia ciudadana cuando la infracción es notoria. “La ley faculta a las autoridades a investigar de oficio. No hacerlo constituye una falta grave”, subrayó.
Para la abogada María Fernanda Cahuich, especialista en derecho electoral local, el problema radica en la aplicación selectiva de la ley. “En otros procesos, incluso en el estado, se han sancionado actos mucho menores”, dijo.
Enfatizó que hoy se observa una doble vara: a quienes tienen poder se les permite lo que a otros se les castiga.
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Recordó que existen precedentes a nivel nacional en los que gobernadores, alcaldes y legisladores fueron sancionados por promoción anticipada, aún sin mencionar el cargo al que aspiraban. “El argumento de ‘rendición de cuentas’ o ‘recorridos informativos’ ya ha sido desestimado por los tribunales”, enfatizó.
Los especialistas coincidieron en que el Ieqroo debería emitir criterios y medidas preventivas; el INE, fiscalizar el origen y destino de los recursos y el Teqroo, sancionar cuando existan elementos suficientes. La falta de acción conjunta sólo profundiza la desigualdad.
Entre los personajes que continúan promocionándose se encuentran Verónica Lezama Espinosa, hermana de la gobernadora Mara Lezama; así como Eugenio Segura, Rafael Marín, Ana Patricia Peralta, Marybel Villegas, Pablo Bustamante, Flavio Carlos Rosado, Estefanía Mercado, Anahí González, Atenea Gómez, Mary Hernández, Jorge Sanén, Teppy Gutiérrez, Enrique Vázquez, Juan Carrillo, Mildred Ávila y Pablo Gutiérrez, pese a que las dirigencias nacional y estatal han señalado que los posibles candidatos se darán a conocer hasta junio del 2026.
