El operativo militar de Estados Unidos en el Caribe ha generado una fuerte polémica internacional. De acuerdo con funcionarios estadounidenses, el barco venezolano destruido semanas atrás cambió de rumbo antes de ser atacado, aparentemente porque la tripulación había detectado una aeronave militar que lo seguía.
El expresidente Donald Trump reconoció haber autorizado la operación, argumentando que la embarcación transportaba drogas con destino a Estados Unidos y que los tripulantes pertenecían al grupo criminal venezolano conocido como Tren de Aragua. El ataque, realizado con misiles, dejó 11 personas muertas.
Washington lo califica de “defensa propia”
La Casa Blanca aseguró que la acción se llevó a cabo en aguas internacionales y bajo el marco de la “legítima defensa”.
El secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó la versión señalando que el narcotráfico representa una “amenaza inmediata” para la seguridad de Estados Unidos.
Sin embargo, hasta ahora el gobierno no ha presentado pruebas que confirmen la versión oficial, limitándose a señalar que existen grabaciones de los presuntos traficantes.
Críticas de especialistas y debate legal
Juristas y exmilitares estadounidenses han cuestionado la legalidad del ataque. Señalan que tratar a presuntos contrabandistas como combatientes en un conflicto armado representa una ruptura con las normas internacionales.
El exjuez militar Donald J. Guter cuestionó la justificación de la autodefensa, subrayando que si el barco ya se había retirado, “no existía una amenaza inminente”.
Por su parte, el senador Rand Paul calificó la acción como “despiadada e imprudente”, mientras que otros legisladores demócratas reclamaron que no se intentó detener a la embarcación bajo protocolos de interdicción habituales.
Un precedente preocupante
El ataque forma parte de una directiva reciente del gobierno de Trump que busca catalogar a carteles latinoamericanos como organizaciones terroristas, lo que abre la puerta al uso de fuerza militar.
Expertos advierten que este cambio de enfoque podría sentar un precedente peligroso, al permitir operaciones militares contra civiles sospechosos sin autorización del Congreso ni pruebas concluyentes.
IO
