La reciente destrucción de una embarcación presuntamente vinculada al “Tren de Aragua” por parte de fuerzas militares de Estados Unidos ha generado interrogantes en la región.
El ataque, realizado en aguas internacionales, se justificó bajo el argumento de frenar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
Durante una conferencia de prensa, el secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que la información se basó en labores de inteligencia que identificaron la ruta marítima del barco.
Señaló que los cárteles han utilizado históricamente el Caribe para movilizar grandes cantidades de droga, incorporando incluso la pérdida de un pequeño porcentaje de cargamentos en sus cálculos económicos.
Noticia Destacada
Ejército de EU destruye barco con drogas proveniente de Venezuela, confirma Marco Rubio
Estrategia militar y discurso oficial
Rubio sostuvo que estos grupos criminales, entre ellos el “Tren de Aragua” y el denominado Cartel de Los Soles, fueron catalogados como organizaciones narcoterroristas.
Argumentó que el presidente de Estados Unidos tiene el compromiso de no permitir que estos grupos operen con impunidad y que la intervención militar responde a esa promesa electoral.
“Puede volver a suceder en cualquier momento”, advirtió Rubio, al remarcar que la Guardia Costera y las unidades especiales de inteligencia continuarán desplegándose para impedir el ingreso de drogas a su país.
La postura de México
Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, subrayó que la política exterior nacional se apega a principios constitucionales establecidos en el artículo 89 de la Carta Magna.
Recalcó que el país sostiene su actuación en el respeto al derecho internacional y a los tratados firmados en la materia, evitando pronunciamientos directos sobre la intervención militar estadounidense.
Debate hemisférico
La acción ha reactivado el debate en América Latina sobre el retorno de prácticas de “diplomacia con armas”, estrategia que Estados Unidos aplicó con frecuencia en décadas pasadas.
Algunos gobiernos, incluido el de Nicolás Maduro en Venezuela, han expresado su preocupación, mientras otros esperan que la medida represente un golpe a la capacidad operativa de los cárteles.
La tensión en torno a este hecho abre cuestionamientos sobre el equilibrio entre la seguridad nacional de Estados Unidos y el respeto al derecho internacional, un tema que seguramente marcará la agenda política regional en los próximos meses.
IO
