La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció este martes la instalación formal del Gabinete contra el Despojo, un espacio interinstitucional creado para combatir la ocupación ilegal de inmuebles, proteger el patrimonio de las familias capitalinas y restaurar los derechos de las víctimas.
Este gabinete, en funciones desde hace cuatro meses, está coordinado por el secretario de Gobierno, César Cravioto, y reúne a instancias como el Poder Judicial local, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, la Consejería Jurídica y la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.
Estrategia integral contra el despojo
Durante la conferencia de prensa, Brugada detalló que el delito de despojo se comete a través de diversas modalidades, como el hostigamiento a familias para forzarlas a abandonar sus viviendas o mediante fraudes notariales y legales. Ante ello, presentó tres ejes de acción:
- Campaña de prevención con enfoque en cultura de legalidad y derechos ciudadanos.
- Fortalecimiento normativo para castigar a quienes incurran en este tipo de delitos.
- Reformas legislativas y coordinación institucional para agilizar la restitución de inmuebles.
Noticia Destacada
Clara Brugada anuncia estrategia jurídica nacional para mujeres violentadas durante encuentro en CDMX
Reformas penales y nuevas agravantes
Por su parte, la fiscal capitalina Bertha Alcalde Luján presentó las reformas al Código Penal local que buscan aumentar las penas por despojo:
- De 6 a 11 años de prisión como pena básica, con posibilidad de 12 a 22 años en casos agravados.
- Se considerarán agravantes si las víctimas pertenecen a grupos vulnerables.
- Se incluirá como delito equiparado la ilegítima posesión del inmueble, aplicable cuando el ocupante se niega a devolverlo tras una orden judicial.
- Se fortalecerá la Fiscalía Especializada contra el Despojo, para mejorar la atención y la judicialización de los casos.
La mandataria destacó que este gabinete tiene como objetivo cerrar el paso a la impunidad en casos de invasión y proteger de forma efectiva a quienes han sido víctimas de despojo, mediante una acción legal contundente y coordinación institucional.
IO
