La presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez Morales, junto con integrantes de diversos sistemas estatales anticorrupción y organizaciones de la sociedad civil, solicitó públicamente a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, separarse de manera temporal de su cargo mientras se esclarecen las investigaciones en torno a su ex esposo, Carlos Torres, por presuntos vínculos con el narcotráfico y posibles actos de corrupción.
Llamado a licencia temporal por integridad pública
A través de un posicionamiento difundido en redes sociales por la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana, los firmantes hicieron un llamado directo a la mandataria estatal para que solicite licencia durante el tiempo que duren las indagatorias.
Subrayaron que esta petición no implica una condena ni una afirmación de responsabilidad, sino que se plantea como una medida prudencial orientada a proteger el interés público y la confianza institucional.
“El derecho de la población a vivir en un ambiente libre de corrupción y el derecho a un buen gobierno son exigencias democráticas mínimas”, señalaron en el documento, al justificar la solicitud como una acción preventiva ante una investigación abierta que podría comprometer la legitimidad del ejercicio del poder.
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Apoyo de sistemas estatales y organizaciones civiles
El pronunciamiento fue respaldado por integrantes de los sistemas estatales anticorrupción de Puebla, Durango, Chiapas, Sinaloa y Quintana Roo, así como por siete organizaciones civiles y activistas especializados en el combate a la corrupción.
Los firmantes destacaron que, sin prejuzgar ni vulnerar la presunción de inocencia, resulta necesario actuar con responsabilidad institucional para evitar percepciones de interferencia o conflicto de interés.
Asimismo, exhortaron a las autoridades competentes a conducir la investigación con celeridad, imparcialidad, rigor, legalidad y transparencia, garantizando en todo momento el debido proceso.
Investigación contra Carlos Torres
Carlos Torres, ex esposo de la gobernadora, es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en una red de extorsión, tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero en Baja California.
De acuerdo con versiones contenidas en la investigación, habría recibido sobornos mensuales de hasta 150 mil dólares para permitir la operación del grupo criminal Los Rusos, una facción del Cártel de Sinaloa, en la entidad.
Exigen certeza y fortalecimiento institucional
Los integrantes del SNA y las organizaciones civiles advirtieron que el país necesita certezas, instituciones sólidas y gobernantes comprometidos, no escenarios de sospecha permanente o polarización política.
Consideraron que una separación temporal del cargo contribuiría a la gobernabilidad, al fortalecimiento del Estado de derecho y a la recuperación de la confianza pública en Baja California y a nivel nacional.
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