Por Salvador Canto
Ante la omisión del gobierno del Estado para dictar las medidas necesarias en todas las cárceles de Quintana Roo, a fin de evitar contagios del COVID-19, la Defensoría Internacional de Derechos Humanos A.C., que en la entidad encabeza el abogado Gerardo Solís Barreto, interpuso una queja ante la Segunda Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que a la brevedad se atienda el actual hacinamiento en que se encuentran los reclusos, especialmente los que no han recibido sentencia en los procesos respectivos o con motivo del cumplimiento de la prisión preventiva como medida cautelar.
En ese sentido, dentro del contexto del escrito que presentó el abogado, se establece que “vengo a solicitar la legal e inmediata intervención de esta H. Autoridad, en virtud de que el gobernador del estado de Quintana Roo, la secretaria de Salud Estatal y las autoridades penitenciarias, han sido completamente omisas en dictar las medidas necesarias, para que en las cárceles del Estado, se dicten la medidas de seguridad y salubridad pertinentes para evitar contagios de COVID-19, especialmente con personas recluidas que no han recibido sentencia en los procesos respectivos o con motivo del cumplimiento de la prisión preventiva como medida cautelar”.
Y se agrega: “por lo que ante el actual hacinamiento que existe en los centros de reclusión en el estado, existe el peligro inminente de que los internos se contagien de coronavirus”.
Se aclara que el hacinamiento por reclusión hace que toda persona que se encuentra en la cárcel por las razones antes mencionadas, se exponga de manera peligrosa para su salud o su vida, al contagio de este virus y se dé por sentado que esto debe ser parte del castigo que merecen recibir por las conductas antisociales que probablemente cometieron.
En el documento de la queja, se establece además que muchos están ahí por delitos menores y “tampoco podemos dejar de observar que este tipo de personas privadas de su libertad como cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva les beneficia el principio de presunción de inocencia y en la inmensa mayoría éstas fueron decretadas sin hacer un ejercicio de ponderación adecuada de la medida impuesta, que permitiera al imputado que enfrente el procedimiento en la etapa de investigación, sin poner en peligro la vida”.
Finalmente, se menciona que ante la negligencia de las autoridades estatales para dictar las medidas necesarias para evitar el contagio de COVID-19 “es que se solicita la inmediata y legal intervención de esta H. Autoridad, para que Quintana Roo no sufra no sólo la negligencia de las autoridades mencionadas, sino que se evite la tragedia de grandes proporciones (sic)”.
Como respuesta, la Segunda VisitaduríaGeneral de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo (Cdheqroo), a cargo de Ángel Salvador Contreras Miss, mediante oficio VG/BJ/174/04/2020-6 emite un comunicado de recepción de escrito de queja y solicitud de información al quejoso, a quien le pide que establezca “los datos mínimos necesarios para poder contar con los con los elementos necesarios establecidos en la ley y determinar la procedencia o no de la queja”.
Cabe decir que los datos mínimos que le piden al abogado, es que diga el nombre completo del gobernador del Estado, el de la secretaria estatal de Salud y de las autoridades penitenciarias que señala en el escrito”.
Ante esta respuesta, el abogado Gerardo Solís Barreto lamentó que a estas alturas la Cdheqroo no sepa que el gobernador de Quintana Roo es Carlos Manuel Joaquín González; la secretaria de Salud sea la Dra. Alejandra Aguirre Crespo y tampoco que la cabeza de las autoridades penitenciarias sea el propio secretario estatal de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra.