Más de mil 250 millones de pesos del gobierno de Carlos Joaquín permanecen sin solventar, de acuerdo con el reporte de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno (SABGOB), a más de tres años de haber concluido dicha administración.
La titular de la SABGOB, Reyna Valdivia Arceo Rosado —quien ocupó el mismo cargo durante el gobierno de Carlos Joaquín— informó que de un pasivo total de 7 mil 156 millones de pesos, aún quedan pendientes por justificar mil 250 millones.
Indicó que la dependencia ha emitido 57 resoluciones sancionatorias: 34 inhabilitaciones, seis suspensiones y una destitución.
El pasivo atribuido al gobierno de Carlos Joaquín, actual embajador de México en Canadá, asciende a 7 mil 156 millones de pesos, de los cuales se ha saneado el 82.5 por ciento, es decir, aproximadamente 5 mil 906 millones. Sin embargo, continúa sin solventarse una cantidad superior a mil 200 millones.
En el caso del gobierno de Roberto Borge (2011-2016), los informes refieren al menos 900 millones de pesos en terrenos vendidos a bajo costo mediante prestanombres, además de daños al erario por 594 millones derivados de subcontrataciones y contratos irregulares.
Roberto Borge fue vinculado a proceso por delincuencia organizada en la carpeta 541/2019. También enfrenta acusaciones por aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Aunque en diciembre de 2023 se le concedió prisión domiciliaria en uno de los procesos por lavado de dinero, continúa recluido en un penal del estado de Morelos por el delito de delincuencia organizada.
La Agencia de Gestión de Predios de Quintana Roo (Ageproo) informó que ha recuperado mil millones de pesos en terrenos vinculados al saqueo cometido durante la administración de Borge.
En cuanto al gobierno de Carlos Joaquín, colectivos ciudadanos y legisladores han denunciado que numerosas irregularidades no fueron judicializadas o que las sanciones impuestas resultaron insuficientes.
“La oficina anticorrupción de Carlos Joaquín contra ‘borgistas’… la corrupción fue atendida con corrupción”, expresó Rafael Alarcón, académico de la UNAM.
Funcionarios sancionados o investigados durante el sexenio de Borge, el entonces tesorero estatal, José Alejandro Marrufo Roldán, fue detenido acusado de peculado por un presunto daño al erario de 3 mil 430 millones de pesos.
En el seguimiento actual de la SABGOB se han emitido 34 inhabilitaciones, seis suspensiones y una destitución, aunque no se han revelado todos los nombres de los funcionarios sancionados.
Un estudio académico internacional advierte que, incluso con los cambios de gobierno, los patrones de corrupción en la contratación pública tienden a persistir, lo que demuestra que la transición política no garantiza el fin de la impunidad.
Desde colectivos ciudadanos y legisladores locales se ha cuestionado la falta de transparencia. El diputado José Luis Pech Vargas señaló que existe “opacidad y presunto encubrimiento, no sólo de las cuentas públicas del gobierno de Carlos Joaquín”.
El colectivo Ciudadanos por la Transparencia exigió justicia y reclamó que “las promesas de sancionar a quienes desviaron recursos se quedan en papel”.
“La titular Reyna Arceo, quien encabeza la dependencia anticorrupción, ocupó el mismo cargo en la administración que se investiga, lo cual genera un evidente conflicto de interés”, reiteró Alarcón.
¿Qué sigue en el proceso?
Los actos de fiscalización identificados por la SABGOB siguen bajo revisión. Se reportan 71 observaciones por más de 5 mil 174 millones de pesos
Se realizan auditorías y revisiones de obra: 10 auditorías y 14 revisiones por mil 846 millones.
Los resultados de esas fiscalizaciones pueden derivar en resoluciones sancionatorias, como inhabilitaciones, suspensiones o destituciones.
Paralelamente, continúan los procesos penales federales contra el exgobernador Borge y otros implicados.
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En caso de acreditarse responsabilidades, se debe promover la reparación del daño al erario estatal mediante el embargo de bienes, recuperación de recursos o sanciones patrimoniales.
“Hasta ahora no hay evidencia de que los mil 250 millones del caso Joaquín hayan sido recuperados, ni de ejecuciones rastreables por la ciudadanía”, insistió Alarcón.
La dependencia anticorrupción asegura que continuará los procedimientos, aunque colectivos advierten que “lo que menos se ve es la restitución de lo robado”.
