El Poder Judicial enfrenta rezago de peritos traductores, lo cual limita el acceso efectivo a la justicia para personas indígenas que enfrentan procesos, reconoció el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Heyden José Cebada Rivas.
Afirmó que la institución tiene dificultades para encontrar y contratar intérpretes certificados, lo que provoca retrasos en audiencias, integración deficiente de carpetas de investigación y una comunicación limitada con personas que no hablan español.
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Falta de intérpretes en lengua maya vulnera derechos de los pueblos originarios de Quintana Roo
El Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado (Inmaya) informó que en toda la entidad sólo existen 30 intérpretes, cifra claramente insuficiente frente a la diversidad lingüística del estado y la demanda en juzgados y centros penitenciarios.
En Quintana Roo se hablan al menos 10 idiomas, principalmente la maya, de acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali).
Según el Inali, entre las personas vinculadas a proceso en Quintana Roo se hablan lenguas como maya, tseltal, tsotsil, náhuatl, ch’ol, chuj y k’iché, muchas de ellas provenientes de comunidades de Chiapas, Oaxaca y Tabasco que residen o trabajan en el estado.
Representantes indígenas señalan que este déficit no es un problema administrativo menor, sino una barrera estructural que vulnera derechos básicos.
“Sin un traductor no entendemos de qué se nos acusa ni cuáles son nuestros derechos. Así, la justicia no es justicia”, señaló Luis May, representante de comunidades mayas.
Cuestionó si realmente existen oportunidades para que hablantes indígenas se integren como intérpretes o si sólo se trata de discursos institucionales para cumplir protocolos.
Cebada Rivas explicó que para garantizar una cobertura mínima se requeriría al menos dos peritos traductores por cada lengua o variante dialectal, meta que actualmente está lejos de cumplirse.
Admitió que la falta de intérpretes impide informar adecuadamente a las personas detenidas, muchas de las cuales tampoco cuentan con recursos económicos para una defensa adecuada.
La Comisión estatal de Derechos Humanos ha documentado que una parte importante de la población indígena en prisión es de origen maya, reflejo tanto de la composición demográfica del estado como de las desigualdades en el acceso a la justicia.
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En el Congreso local, la diputada Paola Moreno, integrante de la Comisión de Justicia, informó que se trabaja en una iniciativa legislativa para garantizar el acceso efectivo a la justicia de grupos en situación de vulnerabilidad, en coordinación con organizaciones civiles y agrupaciones indígenas.
“La falta de traductores certificados sigue siendo un obstáculo cotidiano en los tribunales. En Quintana Roo, el derecho a la justicia aún depende del idioma que se hable”, reiteró el representante indígena.
