Después de años de cuestionamientos por edificaciones sobre dunas costeras, daños a manglares y limitaciones para ingresar libremente a las playas, representantes de la iniciativa privada turística de Quintana Roo se presentan ahora como impulsores de alternativas sustentables mediante foros sobre turismo regenerativo, pese a que siguen pendientes los problemas que han marcado el desarrollo del Caribe Mexicano.
Bajo el lema “Hacia un turismo regenerativo”, el encuentro propone vincular al sector empresarial con la academia y la sociedad civil. La iniciativa surge en un destino donde persisten denuncias contra complejos que han modificado ecosistemas litorales, así como señalamientos hacia hoteles y clubes de playa que mantienen rejas, casetas y cobros bajo conceptos como el “consumo mínimo”, condiciones que dificultan el ingreso a espacios de carácter público.
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Patricia de la Peña y Rodrigo de la Peña, representantes de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, destacaron la importancia de unir esfuerzos para avanzar hacia un esquema turístico sustentable. No obstante, este planteamiento contrasta con las críticas que durante años han acompañado la expansión hotelera y la ocupación de la franja costera, especialmente por las edificaciones en áreas de dunas y los obstáculos para llegar libremente al litoral.
En Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen y Tulum, ciudadanos y agrupaciones ambientalistas han denunciado restricciones para acceder a la costa, pese a que las playas son de dominio público conforme a la legislación. Las cercas, casetas y exigencias de consumo señaladas por los inconformes mantienen abierto el debate sobre las dificultades que enfrenta la población para disfrutar de estos espacios.
Las obras levantadas sobre los cordones dunares han sido objeto de señalamientos por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), debido a sus posibles efectos en la dinámica litoral, el incremento de la erosión y la vulnerabilidad ante huracanes.
A estas preocupaciones se agregan las denuncias de activistas y organizaciones civiles sobre proyectos que, según sus señalamientos, carecen de manifestaciones de impacto ambiental completas, así como sobre accesos que figuran en documentos oficiales, pero que no se concretan en el terreno.
Para Araceli Domínguez Rodríguez, presidenta del Grupo Ecologista del Mayab (Gema), y otros ambientalistas consultados, el verdadero desafío no será la realización del foro, sino convertir los compromisos suscritos en medidas verificables. Entre ellas mencionaron el retiro de estructuras instaladas en dunas, la habilitación de los 14 accesos públicos que, aseguran, Cancún debe garantizar por ley y el cese de prácticas que limitan el disfrute colectivo de la zona costera.
Durante la presentación del encuentro también se anunció el inicio de un estudio orientado a recuperar las playas. Sus promotores indicaron que se tratará de un modelo integral con participación gubernamental y empresarial; sin embargo, la propuesta surge mientras continúan los cuestionamientos sobre la expansión inmobiliaria en el litoral y las dificultades para ingresar a espacios públicos.
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El análisis será financiado con recursos del Derecho de Saneamiento Ambiental, aportado por los turistas. Para el 2026, los municipios Benito Juárez, Puerto Morelos e Isla Mujeres prevén recaudar conjuntamente 800 millones de pesos por este concepto, destinados a proyectos prioritarios para proteger la línea costera y fortalecer la infraestructura urbana.
La apuesta por el turismo regenerativo contrasta con los conflictos ecológicos y las limitaciones de acceso que han acompañado la expansión turística de Quintana Roo. El desafío consistirá en transformar los foros y el estudio anunciados en acciones concretas que atiendan los reclamos planteados durante años por residentes y defensores del medio ambiente.
