La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este jueves, durante la conferencia matutina, el llamado “Plan B” de la reforma electoral, una propuesta que busca reducir privilegios en congresos locales y ayuntamientos mediante medidas de austeridad y mayor participación ciudadana. Como ejemplo de gasto elevado, la mandataria citó el caso del Congreso de Quintana Roo, cuyo costo anual por legislador supera ampliamente al de otras entidades.
De acuerdo con la información mostrada por la jefa del Ejecutivo, el Congreso quintanarroense, integrado por 25 diputados se autorizó un presupuesto para 2026 de 536 millones 378 mil 125 pesos, de los cuales 69 por ciento corresponde a salarios, es decir, más de 368 millones de pesos. El gasto anual por legislador supera los 21.4 millones de pesos, mientras que en estados como Colima, con el mismo número de diputados, el costo ronda los 3 millones por legislador.
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“El Plan B tiene el mismo objetivo que el Plan A: reducir privilegios”, sostuvo Sheinbaum al explicar que la nueva propuesta surgió tras la negativa de legisladores del PT y del Partido Verde a respaldar la iniciativa original.
El proyecto contempla tres ejes principales: establecer un tope a los presupuestos de los congresos locales, reducir el número de regidurías en los municipios y permitir consultas populares para que la ciudadanía determine aspectos del presupuesto electoral y del financiamiento a partidos políticos.
Actualmente, los diputados de Quintana Roo perciben un salario mensual neto que oscila entre 79 mil y 79 mil 846 pesos, con una dieta bruta cercana a 108 mil 935 pesos, además de prestaciones como aguinaldos superiores a 140 mil pesos, seguros institucionales, vales de gasolina, boletos de avión y recursos para gastos de gestoría.
El Observatorio Ciudadano ha señalado que el Congreso de Quintana Roo se ubica entre los más costosos del país. Su informe indica que cada diputado representa un gasto superior a 30 millones de pesos anuales, lo que coloca al estado en el séptimo lugar nacional en gasto legislativo.
Según el colectivo, en apenas 16 meses la XVIII Legislatura, integrada por 14 diputados de Morena, cuatro del PVEM, tres del PT, dos del PAN y uno del PRI y de Movimiento Ciudadano, ha ejercido más de 615.7 millones de pesos.
Para especialistas y académicos, el elevado gasto no se ha traducido necesariamente en mayor productividad legislativa ni en leyes de mejor calidad. Además, cuestionan la falta de desglose público sobre partidas como servicios personales, asesores y gastos operativos, así como la opacidad en el manejo de recursos de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.
Estudiantes, académicos y colectivos ciudadanos han expresado respaldo a la propuesta de reforma electoral al considerar que abre el debate sobre el uso del presupuesto público en un contexto de carencias en seguridad, salud e infraestructura.
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Sheinbaum sostuvo que el objetivo de la iniciativa es “disminuir privilegios y fortalecer la participación de la ciudadanía”, al plantear que temas como el financiamiento electoral puedan someterse a consulta popular.
La presidenta adelantó que la nueva propuesta será enviada al Congreso el próximo lunes. “Vamos a ver qué pasa, y si no pasa, no pasa nada”, afirmó, al reiterar que la discusión busca hacer más eficiente el gasto público sin eliminar la pluralidad política.
Por cierto, dos de los diputados federales que votaron en contra de la iniciativa de reforma electoral, Santi Montemayor Castillo y Juan Carrillo Padilla, llegaron a esos cargos beneficiados por la alianza Morena-PV y PT.
