La problemática del acoso escolar en Quintana Roo se intensifica día con día, con estadísticas que las propias autoridades califican como “alarmantes”; sin embargo, la reacción institucional continúa siendo limitada.
Lo anterior fue dado a conocer por Sergio Acosta Manzanero, vicepresidente nacional de la Asociación de Padres de Familia, quien aseguró que la mayor parte de los hogares se sienten desprotegidos: presentan denuncias y no existen sanciones efectivas para los responsables.
Madres de familia consultadas compartieron vivencias semejantes al asegurar que una menor de 12 años ha recibido comentarios ofensivos por más de un año; pero personal del plantel argumentó que forma parte de la convivencia y no actuó.
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Otra madre agregó: “Me comuniqué con la dirección, completé formularios, pero la intimidación persistió; ahora mi hijo siente temor de asistir a la escuela”.
Una alumna de bachillerato que padeció hostigamiento físico y digital dijo: “Cuando lo reporté, me pidieron que esperara a que se resolviera solo; nunca recibí apoyo psicológico ni se castigó al que me atacó”.
Alberto May, docente de educación básica y media superior, reconoció que la violencia escolar se presenta en todos los centros educativos del estado, con diferencias en frecuencia y severidad, recordó que existe el Marco de Convivencia Escolar, el cual regula a los 11 municipios y fija protocolos para atender faltas disciplinarias.
Aceptó que dicho lineamiento no se implementa de manera uniforme, lo que provoca una distancia considerable entre lo establecido en la ley y su aplicación cotidiana.
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El Marco de Convivencia Escolar (MCE) estatal es un documento que delimita normas, derechos y obligaciones de alumnos, maestros y personal administrativo, además de definir procedimientos específicos para enfrentar el acoso escolar en sus modalidades física, verbal y digital (ciberacoso).
Entre los aspectos más relevantes para atender estos casos destacan: Clasificación del acoso: Se considera una “falta grave” que abarca conductas reiteradas como agresiones, amenazas, aislamiento o difamación, con la finalidad de generar daño emocional, físico o social.
Proceso de denuncia: Permite que cualquier integrante de la comunidad escolar (estudiante, madre, padre o docente) presente la queja de forma oral o escrita ante la dirección, la cual debe registrarla en un plazo no mayor a 24 horas e iniciar la indagatoria de inmediato.
Medidas de resguardo: Obliga a los planteles a aplicar acciones preventivas para separar a la víctima del agresor, impedir el contacto y salvaguardar la integridad de la persona afectada durante la investigación.
Investigación y sanciones: La autoridad escolar debe realizar una revisión objetiva en un máximo de 15 días y aplicar castigos proporcionales a la gravedad, que van desde amonestaciones y trabajo comunitario hasta suspensión o expulsión en situaciones extremas.
Atención a la víctima: Establece la obligación de brindar acompañamiento psicológico y emocional al alumno afectado y a su familia, así como de canalizar a instancias externas cuando sea necesario.
Prevención: Ordena la puesta en marcha de programas de formación para la convivencia, talleres de respeto y empatía y capacitación del personal educativo para detectar y atender el acoso de forma oportuna.
Al ser cuestionadas, las autoridades educativas admitieron el incremento de incidentes, pero evitaron precisar cifras o detallar estrategias concretas para respaldar a las víctimas y a sus familias.
Una fuente de la Secretaría de Educación de Quintana Roo señaló que se está capacitando al personal docente y existen acciones preventivas, aunque no proporcionó información sobre su alcance ni resultados.
En cuanto a la atención directa, las autoridades aseguraron que hay acompañamiento psicológico; sin embargo, padres y estudiantes coinciden en que este apoyo resulta insuficiente, tardío o inexistente en numerosos planteles.
María Cristina Oyarvide, psicóloga y terapeuta infantil, advirtió que el escenario evidencia un desequilibrio grave: mientras el fenómeno se agrava, la normativa destinada a frenarlo permanece sólo en el papel, dejando a las víctimas sin la protección ni el respaldo necesarios para sentirse seguras dentro del aula.