Este periodo navideño, la inquietud de una parte de la población de Benito Juárez no se limita a los agentes de Tránsito; ciudadanos y comerciantes advierten sobre presuntos abusos en diversas dependencias públicas.
Recientes recomendaciones de los habitantes han generado la percepción de “tener que protegerse tanto de la delincuencia como de la propia autoridad”.
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Las acusaciones más frecuentes se concentran en el Registro Civil, donde usuarios relatan cobros irregulares, tarifas infladas y pagos por servicios sin la entrega de comprobantes oficiales, e incluso señalan la emisión de recibos falsos.
“Pagué 3 mil pesos por un trámite que debería costar 500 y no me entregaron ningún documento”, relató Luz María.
También existen señalamientos contra la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Benito Juárez y hacia agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde, de acuerdo con testimonios de los habitantes, algunos elementos presuntamente detienen personas bajo acusaciones fabricadas con la finalidad de extorsionarlas.
Según datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ambas corporaciones encabezan en la entidad los reportes por abuso de autoridad, agresiones e incluso despojo de pertenencias, acumulando 259 quejas de enero a noviembre del presente año.
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Asimismo, otras áreas municipales como Fiscalización, Protección Civil, Comercio en la Vía Pública, Cofepris y la Dirección de Ecología y Desarrollo Urbano también han sido señaladas por prácticas indebidas y operativos considerados como “cacerías” de sanciones irregulares.
A esta problemática se suma el incremento desmedido en los precios de insumos, situación que, de acuerdo con comerciantes, agrava la presión ejercida por las autoridades contra ellos.
“Primero me sancionan por exhibir mercancía en la calle y luego me aumentan el costo de los productos; así es imposible trabajar”, expresó un vendedor de la zona centro de la ciudad.
En este contexto, las autoridades municipales pusieron en marcha el pasado domingo 14 de diciembre operativos con radares de velocidad láser en vialidades como el bulevar Colosio (70 km/h), Kukulcán, José López Portillo y Bonampak, además de calles interiores de la ciudad (60 km/h) y zonas escolares (20 km/h).
De acuerdo con la alcaldesa Ana Patricia Peralta, estos operativos, coordinados por la SSC y la Guardia Nacional, tienen un carácter preventivo en su fase inicial, sin aplicación de multas, únicamente con llamados de atención y buscan disminuir los accidentes viales.
Por su parte, el titular de la SSC, Jaime Padilla Barrientos, afirmó que estas acciones se llevarán a cabo de manera permanente y aleatoria para fomentar una cultura vial responsable; sin embargo, numerosos ciudadanos cuestionan si el mismo empeño se aplica para erradicar los abusos en otras áreas gubernamentales.
Luis Esquivel, expresidente de la Barra de Abogados de Cancún, comentó que la realidad es que mientras se refuerzan las medidas de seguridad vial, la población continúa enfrentando prácticas abusivas en servicios públicos esenciales, un contraste que empaña el periodo decembrino para muchos.
