Un grupo de siete empleados de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS, denunció haber sido despedido sin argumentos sólidos por el subsecretario de la dependencia, Herley Sosa Guillén, quien justificó la remoción bajo el argumento de que “son órdenes de arriba”.
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Los inconformes afirmaron que las bajas ocurrieron inmediatamente después de que fueran obligados a costear y ejecutar personalmente la mudanza de más de 20 mil expedientes desde las antiguas instalaciones, ubicadas en la intersección de las avenidas Kabah y Las Torres, hacia un edificio céntrico en la avenida Tulum, en la Supermanzana 4.
“Nos entregaron nuestra hoja de renuncia bajo amenaza de hacernos la vida imposible si no aceptábamos”, denunciaron los afectados, entre los cuales se encuentran trabajadores con más de una década de antigüedad. “Ahora nos pide el subsecretario que, a partir de este lunes, cuando oficialmente no laboramos más para la dependencia, capacitemos a los trabajadores que nos van a suplir”.
Los denunciantes solicitaron reservar su identidad por temor a represalias y debido a que su proceso de liquidación en la STPS continúa abierto. No obstante, hicieron público el maltrato del que fueron objeto por parte del funcionario, quien asumió el cargo hace poco menos de dos meses.
De acuerdo con el testimonio, las actividades se desarrollaban con normalidad e incluso el subsecretario exhortó al equipo a dar su máximo esfuerzo durante las dos semanas que duró el traslado del archivo. Sin embargo, el costo total de la logística corrió a cargo de la base trabajadora.
“Nos dejaron morir solos con los gastos para cubrir la contratación de vehículos y el personal en el traslado de los documentos; tuvimos que cooperar y terminar pagando alrededor de 30 mil pesos. Además, prácticamente todo el personal de la Subsecretaría del Trabajo en Cancún tuvo que sacar los documentos en medio de una situación insalubre, con roedores muertos y expedientes sucios”, detallaron.
El personal removido desempeñaba funciones clave en las Juntas de Conciliación y Arbitraje de las sedes de Cancún y Playa del Carmen, oficinas que concentran más del 60 por ciento de los expedientes laborales que se tramitan en la entidad.
Herley Sosa Guillén cuenta con antecedentes de controversias legales y políticas durante sus gestiones pasadas como presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y como delegado del Instituto Nacional de Migración en la entidad. Durante su encargo como ombudsman, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos promovieron una solicitud de juicio político en su contra por presuntas omisiones en la atención de alrededor de 30 casos de supuesta tortura.
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JGH
