Ambientalistas en Playa del Carmen dijeron que la decisión de la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) de Quintana Roo, de multar desde 500 mil pesos a las empresas que venden bolsas de plástico o nylon, es un abuso.
La PPA informó que puso en marcha inspecciones a negocios que expenden estos productos, y que las sanciones económicas van de los 500 mil hasta un millón de pesos.
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Para el activista Carlos Jiménez, aplicar elevadas sanciones a quienes sigan utilizando plástico, más que prohibir el uso es una campaña recaudatoria. “El Gobierno necesita juntar dinero para las próximas campañas electorales”, dijo.
Aseguró que, si el Gobierno quiere aplicar la ley y le preocupa la contaminación ambiental, entonces que vigilen y multen a quienes talan árboles o deforestan la vegetación sin ningún estudio de impacto y riesgo ambiental.
“Creo que en esta materia hay total omisión, está claro que el Gobierno sólo va detrás del dinero”, expresó. El ambientalista comentó que ante la cercanía de las campañas electorales quieren hacer el cochinito para la compra de votos como suelen hacerlo.
“Esto es un atropello a la economía, no les tiembla la mano para sangrar a los negocios que viven al día con esta crisis que ha golpeado a Quintana Roo”, comentó.
Por su parte, el biólogo Gabriel Roblero dijo que prohibir la venta de plástico es una medida acertada, pero no se debe sangrar la economía, más bien el Gobierno debería de empezar con la prohibición desde las fábricas y no con los vendedores.
Para proteger y conservar los recursos naturales es importante trabajar de forma integral entre los tres órdenes de Gobierno, la sociedad, grupos civiles y ambientalistas, no sólo restringiendo la venta de plásticos, sino regulando las construcciones. “Hoy los desarrollos inmobiliarios no están respetando las normas ambientales”, refirió el biólogo.
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Roblero puntualizó que aplicar multas a los negocios que expenden plásticos, más que proteger el medio ambiente parece una medida meramente recaudatoria, además, “¿dónde quedan esas multas?, ¿cuál es el destino?”, refirió.
El biólogo sostuvo que hay contrariedades de la PPA, porque sobre la tala de árboles no dicen nada, los riesgos que representan los rellenos sanitarios, el uso de fosas sépticas para descargas aguas negras, los lixiviados que generan los cementerios de sargazo, se están cometiendo delitos ambientales y riesgos de salud pública bajo total omisión de las autoridades de Quintana Roo.
