La ineficacia de las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) es el reflejo de la tala de árboles que se registra en Playa del Carmen, la tolerancia gubernamental a las invasiones está poniendo en peligro el hábitat de la fauna silvestre, describen activistas ambientales.
Para el activista Jorge Fuentes Gómez, las autoridades de la Profepa deberían ser verdaderos vigilantes verdes para proteger y cuidar la selva, que cualquier desarrollo inmobiliario cumpla con las normas ambientales, incluso el gobierno municipal debe funcionar como auxiliares en la prevención del delito ambiental.
La ciudadanía puede contribuir denunciando todo tipo de actividades que atentan contra la selva, la tala de árboles se comete cuando no hay vigilancia de las autoridades gubernamentales, refirió Fuentes Gómez.
Por su parte, el activista Carlos Jiménez comentó que el trabajo de las autoridades de la Profepa honestamente ha sido ineficiente, se han puesto denuncias y la respuestas son muy lentas, lo mismo en la vigilancia dentro de zonas afectadas.
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Las leyes están muy claras sobre delitos ambientales, sin embargo, no se aplican porque los servidores públicos no hacen bien su labor, no hacen trabajos de campo y las denuncias las aplazan, mientras tanto, los depredadores ambientales siguen cometiendo delitos bajo total impunidad, puntualizó.
Carlos Jiménez dijo que deberían de existir brigadas de la Profepa en cada municipio de Quintana Roo no solo para atender denuncias ciudadanas, sino para monitorear los desarrollos inmobiliarios y zonas de invasión donde se cometen delitos ambientales.
El Código Penal Federal establece penas de seis meses a cinco años de cárcel, y de 200 mil días de multa, por tala ilegal, aunque en algunos estados del país han endurecido las penas con propuestas de hasta 12 de cárcel, explicó el activista.
Carlos Jiménez sostuvo que hay mucha desidia de la Profepa, incluso, de los gobiernos locales que también deberían actuar en casos de gravedad, podrían cancelar las licencias de construcción de hasta por seis años o más según la gravedad de los delitos, pero esto no pasará porque las autoridades gubernamentales prefieren arreglarlo con moches.
La deforestación ambiental que está pasando con los invasores de terrenos de propiedad Ejidal deberían aplicar sanciones ejemplares, porque están atentando contra la biodiversidad, están causando la migración de la fauna silvestre, concluyó.
