Un grupo de personas que aseguran haber sido engañadas por M. G. M., delegado de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) en Puerto Morelos, solicitaron a las autoridades investigar la venta de terrenos en la zona conocida como Ruta de los Cenotes.
De acuerdo con una denuncia publicada en la plataforma Change.org, más de 500 familias habrían sido afectadas por la comercialización de parcelas en Mundus y ranchitos ecológicos, ubicados en el kilómetro 23 de esa zona.
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Los denunciantes acusan que García Méndez y su esposa, Mirian, habrían utilizado contratos presuntamente falsos para obtener pagos de los compradores, al tiempo que impedían el uso legítimo de la tierra.
El pasado 12 de agosto de 2025, la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional, llevó a cabo un cateo en un predio ubicado junto a la vía Puerto Morelos–Leona Vicario, conocida como Ruta de los Cenotes.
La intervención ocurrió tras una denuncia presentada ante la Fiscalía especializada en delitos ambientales, fauna y desarrollo urbano. Las autoridades aseguraron el terreno, colocaron sellos oficiales e incautaron retroexcavadoras, maquinaria para perforar pozos, herramientas de chapeo y viviendas en construcción, entre otros indicios.
Este hecho se suma a operativos previos. El 5 de marzo de 2025, fueron clausurados dos desarrollos sin permisos en la misma zona. Ese mismo mes, la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Sustentable (Sedetus) encabezó un operativo interinstitucional para cerrar varias colonias irregulares —como Las Fincas, Tunben-Kah, Senderos de la Selva y Palma Areca—, todas sin permisos ambientales ni certeza jurídica para los compradores.
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Hasta la fecha, las autoridades no han dado a conocer si existen personas señaladas como presuntas responsables.
Los afectados señalaron: “Si dejamos de pagar, nos amenazan con perderlo todo; si seguimos pagando, no podemos usar la tierra que supuestamente es nuestra”. Además, lamentaron que el Gobierno continúe otorgándole cargos políticos a García Méndez, lo que, según dicen, lo protege de enfrentar un juicio que consideran merecido.
Aseguraron que este abuso sistemático ha generado una crisis financiera y emocional en las familias afectadas, por lo que exigen una investigación a fondo y la entrega de los terrenos a los legítimos propietarios.