
De enero a julio de 2025, autoridades estatales y municipales han detectado y clausurado al menos 15 desarrollos en venta, muchos de ellos ofertados abiertamente en redes sociales como oportunidades de “inversión segura”. Sin embargo, la realidad es completamente distinta.
La expansión descontrolada de desarrollos inmobiliarios irregulares en Cancún continúa siendo una amenaza latente, no sólo para el equilibrio ecológico del destino turístico más importante de México, sino también para cientos de familias que ponen en riesgo su patrimonio al adquirir terrenos en fraccionamientos sin autorización legal.
El titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), José Alberto Alonso, dijo que se trata de una práctica que cada vez está ganando terreno en todo el estado y particularmente en Cancún.
Los fraccionamientos que hasta el momento han sido clausurados incluyen nombres como Maraya Privada Residencial, Cedrela, Coco Groove, Lotes Vía Marina, Güaraná, Punta Pitahaya, Bosques de Cancún, Stella Maris, Mayorales, Frey, Barcelona, Azaahy I, Azaahy II, Margarota 1 y 2, así como Cataluña. La mayoría de estos desarrollos ubicados en la zona de la carretera federal 180, así como en la avenida Huayacán.
Uno de los ganchos más comunes en estos fraudes son las “promociones” que ofrecen lotes de inversión con enganches desde mil pesos. La facilidad aparente atrae a compradores que no siempre cuentan con respaldo legal ni asesoría profesional, lo que facilita los engaños.

Es por ello que las autoridades han exhortado a la ciudadanía a verificar la autenticidad de los documentos, consultar el estado legal de las propiedades en el Registro Público de la Propiedad y contratar abogados especializados en derecho inmobiliario.
“Hasta el momento no existe un censo de personas afectadas por fraudes de desarrollos inmobiliarios, pero sabemos que el problema es grave y creciente. Se han realizado más de 230 acciones, entre inspecciones, clausuras y denuncias penales, pero la dimensión real del daño aún está por conocerse”, reconoció Alonso Ovando.

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En julio pasado, la autoridad municipal clausuró cinco desarrollos irregulares. Cifras oficiales estiman la existencia de aproximadamente 260 asentamientos irregulares en todo el municipio de Benito Juárez. Esta alarmante cifra revela una problemática de dos caras: por un lado, los nuevos desarrolladores fraudulentos que venden lotes sin certeza jurídica ni servicios; por otro, colonias enteras que llevan años luchando por su regularización y el acceso a servicios básicos como agua, drenaje y electricidad.
La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) ha señalado que parte del problema radica en la complejidad y lentitud para obtener permisos oficiales, especialmente las Manifestaciones de Impacto Ambiental de la SEMARNAT. Este cuello de botella institucional crea un vacío que es explotado por operadores ilegales.