Representantes de una empresa contratista denunció presuntas irregularidades técnicas, administrativas y ambientales en el proyecto turístico Kuza Beach & Aventure Park, ubicado en la carretera costera sur de Cozumel, al asegurar que la desarrolladora ignoró advertencias profesionales sobre zonas no aptas para construir, lo que habría provocado daños al entorno natural, además de adeudos económicos y la expulsión arbitraria de proveedores que exigieron el pago por trabajos ya ejecutados.
La denuncia fue hecha públicamente por el arquitecto Héctor Alcides Vidal Ramos, de la firma PIA Taller de Espacios, quien detalló que desde noviembre del 2024 la empresa mantuvo una relación contractual con Global Cruises MX, representada por Alejandro Martínez Moreno y cuyo inversionista es Germán Osorio, de origen colombiano.
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Acusó que esta constructora tiene un adeudo de 25 millones de pesos en la construcción del parque Kuza, afectando a 200 trabajadores, además de la cadena productiva, así como daño ambiental a manglares e indirectamente a uno de los principales atractivos turísticos de la isla: El Cielo.
Durante, ese periodo, dijo se firmaron 16 contratos, todos cumplidos por la parte denunciante, sin que hasta la fecha se hayan liquidado los pagos correspondientes, acumulando más de nueve meses de adeudos.
Señaló que los pagos pendientes corresponden a la segunda etapa del desarrollo, ubicada en la carretera costera sur, a la altura del kilómetro 18+244.
De acuerdo con la versión presentada, el 23 de diciembre del 2025 PIA Taller de Espacios fue impedida de ingresar al predio, pese a que aún tenía trabajos en proceso y una bodega con materiales, herramientas y suministros de su propiedad dentro del terreno, los cuales no ha podido recuperar.
Esta instrucción, señaló, fue girada por el director de obra, el arquitecto Juan Ramón García Sánchez.
Más allá del conflicto laboral y contractual, advirtió fallas graves en la dirección técnica del proyecto, incluyendo la rotación constante de directores e ingenieros, pérdida de documentación obligatoria como bitácoras de obra, cambios estructurales no respaldados técnicamente y presiones para acelerar trabajos aun cuando existían riesgos detectados en campo.
Uno de los señalamientos más delicados se relaciona con la construcción de una alberca, donde durante la excavación detectaron nacimientos de agua.
Según el representante de PIA Taller de Espacios, se recomendó detener y replantear la obra; sin embargo, la dirección del proyecto ordenó continuar, confiando en que el concreto solucionaría el problema. Dicho material, además, habría llegado en condiciones técnicas inadecuadas, pero fue aprobado por la propia desarrolladora.
Además, se instruyó modificar contratrabes, alterando el diseño estructural original, pese a advertencias formales de responsabilidad.
Sostuvo que este tipo de decisiones no solo comprometen la seguridad estructural, sino que también podrían tener impactos ambientales, al intervenir zonas con presencia de agua subterránea y características naturales que, aseguran, no debieron ser urbanizadas.
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Ante este panorama, solicitó la intervención de las autoridades estatales y municipales, para que se exhorte a los inversionistas a cumplir con los pagos pendientes, garantice la recuperación de bienes retenidos y revise la legalidad y viabilidad técnica y ambiental de las obras ejecutadas.
El caso se suma a antecedentes recientes de señalamientos ciudadanos y ambientales sobre desarrollos turísticos en la zona sur de la isla, donde colectivos advrtieron riesgos por la urbanización intensiva en áreas ambientalmente sensibles.
Hasta el cierre de esta edición, la empresa desarrolladora no ha emitido una postura pública frente a estas acusaciones.
Difícil situación
Al respecto de la industria de la construcción, Vidal Ramos destacó que esta ha sido de las más afectadas y en el caso de las obras en Cozumel, se tiene que importar mano de obra de los estados de la Península de Yucatán.
“Es más complicada la actividad en la isla, por todos los gastos que representa, pero también porque, cuando hay incumplimientos de pagos, los trabajadores y toda la cadena productiva se ve mermada”, refirió.
