Con maquinaria pesada trabajadores iniciaron el desmonte de la vegetación en un predio ubicado a la vera de la carretera federal, entre el tramo de Playa del Carmen y Puerto Aventuras, la Guardia Nacional (GN) ordenó la suspensión de la tala hasta en tanto no muestren los permisos de desmonte del gobierno municipal de Playa del Carmen.
Los hechos iniciaron en un predio a un costado de la carretera federal 307, donde los trabajadores iniciaron con el desmonte de la vegetación y tala de árboles, ciudadanos que se percataron de esta acción lo reportaron a las autoridades para su revisión.
Noticia Destacada
Alertan sobre fraudes inmobiliarios y daños ambientales por venta de terrenos irregulares en Playa del Carmen
Elementos de la GN se presentan en la escena y solicitaron a los trabajadores detener los trabajos al no enseñar los permisos para desmontar la vegetación, los obreros solo se limitaron contestar que fueron contratados para la tala.
Según las autoridades, el responsable de la contratación, solo ordenó talar la vegetación y de retiró, los obreros dijeron desconocer si cuentan o no con permisos para el desmonte, pese a la solicitud de la GN, los trabajadores continuaron cubriendo el predio para evitar la visibilidad de los trabajos.
De acuerdo a la bióloga Vianey Roja, el desmonte de vegetación sin los permisos correspondientes es un delito ambiental que conlleva sanciones severas, las cuales pueden incluir multas económicas millonarias, clausura de actividades, decomiso de maquinaria e incluso penas de prisión.
Dijo que las autoridades competentes, como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), son las encargadas de imponer estas sanciones, incluso, el Medio Ambiente del gobierno municipal debe trabajar en coordinación con las autoridades de la federación para garantizar la seguridad ambiental.
Noticia Destacada
Por tala ilegal vincularon a proceso a diez personas en Playa del Carmen
Por tratarse de delitos ambientales, se pueden imponer un arresto administrativo, el cual puede ser conmutado por trabajo comunitario en actividades de conservación, cuando el desmonte constituye un delito penal (por ejemplo, cambio de uso de suelo forestal sin autorización, especialmente en cantidades superiores a ciertos volúmenes de madera, o si ocurre en áreas naturales protegidas), puede implicar penas de prisión de varios meses a años (hasta 9 años, o más si son áreas protegidas), puntualizó la bióloga.
Asimismo la bióloga explicó que ademas de las sanciones punitivas, el infractor está obligado a la reparación total del daño ecológico causado y a llevar a cabo las medidas de rehabilitación ambiental ordenadas por la autoridad, la gravedad de las sanciones considera varios factores, como el impacto en la salud pública, los recursos naturales, la biodiversidad, las condiciones económicas del infractor, y si hubo dolo o negligencia.
