En el sur de Yucatán, en poblados rodeados de selva alta, el verde profundo se ha reemplazado por hileras precisas de limón persa. Según investigaciones, entre mayo y agosto de 2025 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró 25 predios que implicaron la devastación de alrededor de 6 mil 325 hectáreas, la mayoría vinculadas a la agroindustria del limón.
En el municipio de Tekax, por ejemplo, la pérdida documentada se acerca a las mil hectáreas en localidades como Nohalal, Poccheil, Emiliano Zapata y Mesatunich.
Las autoridades estatales alientan la expansión del fruto: en junio del 2025 el Gobierno de Yucatán puso en marcha la temporada citrícola desde el municipio de Akil, definiendo la transformación del campo mediante tecnología, ampliación de hectáreas y nuevos canales de comercialización.
La producción de limón persa en Yucatán está ya ampliamente asentada, abarcando buena parte del territorio sur del estado.
De la oportunidad al riesgo
Para muchos productores locales, el limón representa una vía de prosperidad: los precios se disparan, la demanda es alta, y los inversionistas ven en ello una apuesta rentable. En Yucatán, la caja de 20 kg de limón persa llegó a cotizarse en 1,000 pesos o más en municipios productivos.
Sin embargo, este crecimiento no está exento de tensiones: la conversión de montes y milpas tradicionales a monocultivos de limón ha sido acompañada de tala, quemas y mecanización intensiva. Estudios señalan que se emplean pozos de agua locales sin supervisión adecuada, agroquímicos sin tratamiento de residuos y expansión sin consulta comunitaria.
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El modelo de inversión agrícola también ha ganado terreno: la empresa Citrus Patrimonial, por ejemplo, promociona certificados de plantación de limón persa en Yucatán como vehículo de inversión fiduciaria, según un reporte de Causa Natura Media.
No obstante, el modelo omite referencias a la sostenibilidad, al impacto social o a los derechos de las comunidades que habitaban esas tierras. Los agricultores aseguran que cada caja de 20 kilos llegó a venderse hasta en 1,000 pesos a inicios de 2025, la situación atrajo a inversionistas de Colima, Veracruz y Michoacán, quienes ahora rentan o compran terrenos para establecer huertas industriales.
Ecosistemas y comunidades al límite
Las implicaciones van más allá de la reducción de bosque. Investigadores del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) alertan que el uso del insecticida fipronil –clasificado como plaguicida altamente peligroso– se relaciona directamente con muerte masiva de abejas en Tekax, como publicó POR ESTO!
En un caso particular, muestras detectaron residuos 39% por encima de la dosis letal. Este tipo de pérdidas recibe un valor económico: en Tekax, el servicio ambiental de polinización se estima en 276.9 millones de pesos al año; un cese abrupto de abejas afecta flora, fauna y la producción agrícola misma.
Tan sólo un evento en Tekax provocó pérdidas equivalentes a 465 mil pesos y la desaparición de miles de colmenas, afectando una de las actividades emblemáticas de Yucatán.
La deforestación fragmenta corredores vitales para especies como el jaguar, el pavo ocelado o el venado cola blanca, lo que compromete zonas protegidas contiguas como la Reserva Estatal Biocultural del Puuc.
Impacto en la salud y la vida
La salud humana y la vida comunitaria urbana también sienten el impacto: habitantes reportan intoxicaciones, contaminación del agua y mayor incidencia de enfermedades que atribuyen al uso desmedido de agroquímicos.
La deforestación de la selva no sólo implica la desaparición de árboles, también la ruptura de corredores biológicos que conectan reservas como la del Puuc, hogar de especies en riesgo como el jaguar o el pavo ocelado. Comunidades señalan que la tala llega hasta dentro de áreas con algún grado de protección, en franca expansión.
La expansión del limón también presiona los recursos hídricos. Las plantaciones requieren grandes volúmenes de agua y uso frecuente de pozos, lo que impacta los mantos freáticos y acelera la contaminación por agroquímicos. Además, comuneros denuncian que muchas de las nuevas huertas se establecieron sin permisos ambientales y dentro de zonas de selva mediana y alta.
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Regulación es urgente
Mientras las autoridades estatales impulsan talleres, capacitación y señalan al limón como un cultivo estratégico para el sur de la entidad, asociaciones agrícolas alertan de una escalada sin precedente y de la urgente necesidad de regulación.
Al mismo tiempo, modelos de inversión como el de la empresa Citrus Patrimonial –que vende certificados de plantación a particulares para obtener rendimientos– proliferan en el marco del boom limonero. Allí, los inversionistas adquieren participación sin asumir la tierra; sin embargo, no se especifican los mecanismos de manejo agroambiental ni el impacto comunitario.
Las comunidades rurales miran esta transformación con ambivalencia: por un lado, ven la promesa de ingresos, empleos y modernización; por otro, la pérdida del paisaje, el aumento de la presión sobre el agua, la muerte de colmenas, la contaminación química y la desarticulación de viejas formas de subsistencia que guardan vínculos culturales con la milpa maya.
La paradoja es clara: el limón ofrece empleo, divisas y desarrollo, pero también erosiona la base natural y social que sostiene al campo yucateco. Si la expansión continúa sin regulación, la entidad podría enfrentar un escenario de sobreexplotación similar al de otras regiones citrícolas del país, donde los bosques cedieron paso al monocultivo.
