A más de un mes del ecocidio registrado en la Reserva Biocultural del Puuc, el caso continúa avanzando ante las autoridades ambientales y judiciales, mientras el paradero del presunto responsable, Omar Alejandro Sánchez Sáenz, sigue siendo desconocido.
Patricia Tejera Álvarez, propietaria del Rancho Uxmal y principal afectada, declaró en exclusiva a POR ESTO! que, aunque se han logrado avances importantes, la lucha por justicia está lejos de concluir.
Tejera, quien interpuso la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), señaló que ha sido un proceso difícil no sólo por la magnitud del daño ambiental, sino también por la invasión ilegal a su propiedad. “No sólo es la impotencia de no haber podido frenar el ecocidio, también es el cinismo con el que actuaron estas personas, que incluso afirmaban haber comprado hasta la ley de Yucatán”, lamentó.
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La devastación afectó más de 10 kilómetros de selva virgen dentro de la reserva, con impactos confirmados por la Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc (Jibiopuuc) y la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado (SDS). Un informe firmado por Minneth Medina García, titular de Jibiopuuc, detalló la deforestación, pérdida de hábitats y afectación de al menos 20 especies de polinizadores y fauna nativa.
Aunque la clausura del área afectada por parte de Profepa ocurrió la semana pasada y representó un paso importante en la contención del daño, Patricia Tejera subraya que lo verdaderamente urgente ahora es localizar a Omar Sánchez Sáenz, señalado como autor intelectual y operativo de la devastación.
“No hay rastro de él. Sólo sabemos que los vehículos que usaba ya fueron retirados de Santa Elena, incluso una camioneta que quedó descompuesta en un camino hacia la reserva ya desapareció. Tampoco se sabe quién los movió ni adónde fueron llevados”, explicó.
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Tejera afirmó que continuará colaborando con las autoridades y está decidida a llegar hasta las últimas consecuencias, incluyendo la posible implicación de funcionarios públicos. “Si hay autoridades involucradas, también deben rendir cuentas. No podemos permitir que se sigan vendiendo conciencias por unos cuantos pesos”, sentenció.
Las autoridades estatales y federales mantienen abierta la investigación y continúan con el peritaje del área asegurada para determinar responsabilidades y sanciones. Mientras tanto, la propietaria del predio insiste en que la presión ciudadana y mediática es clave para que el caso no quede impune.
