El caso del ecocidio en el Rancho Uxmal dio un giro importante ayer, cuando personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), acompañado de elementos de la Guardia Nacional (GN), clausuró oficialmente la zona afectada por la devastación de más de 10 kilómetros de selva virgen en plena Reserva Biocultural del Puuc.
En exclusiva para POR ESTO!, Patricia Elena Tejera Álvarez, propietaria del predio y principal denunciante, informó que el inspector federal Alex Ariel Chan Tun encabezó el operativo en el que se colocaron los sellos de “Clausurado” a lo largo de la zona devastada, lo que impide cualquier nueva intervención por parte del presunto responsable, Omar Alejandro Sánchez Sáenz, señalado por Tejera como el autor intelectual y operativo del daño ambiental.
“Este es solo el primer paso, pero marca un precedente. Ya no podrán seguir destruyendo. Lo que sigue es que la Profepa determine formalmente a los responsables y se apliquen las sanciones correspondientes”, declaró Tejera.
El caso salió a la luz a finales de abril, cuando POR ESTO! publicó en exclusiva la denuncia de Patricia Tejera sobre la tala ilegal, cambio de uso de suelo y destrucción de vestigios arqueológicos en su propiedad, ubicada a tan solo tres kilómetros de la zona arqueológica de Uxmal.
Según su testimonio, Sánchez Sáenz supuestamente ingresó ilegalmente con maquinaria pesada a terrenos del Rancho Uxmal, y arrasó con ecosistemas clave para especies protegidas como jaguares, venados y tucanes. También se reportó la destrucción de montículos con piedras labradas, vestigios de origen maya.
Reconocimiento del daño
La Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc (Jibiopuuc) y la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán (SDS) confirmaron el daño. Un oficio firmado por Minneth Medina García, titular de Jibiopuuc, detalla que se incurrió en deforestación, afectación a polinizadores y destrucción de hábitats de al menos 20 especies.
Por su parte, Neyra Silva Rosado, titular de la SDS, explicó que aunque su dependencia no tiene facultades legales para sancionar, trabaja coordinadamente con otras instituciones para evaluar los impactos ecológicos y establecer medidas de restauración.
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“El ecocidio ocurrió en una de las áreas más valiosas de la península. Es un pulmón natural y cultural de Yucatán”, puntualizó Silva en entrevista también exclusiva.
Con la colocación de los sellos de clausura, las autoridades federales prohíben toda actividad en el área devastada, mientras se continúan los peritajes ambientales y arqueológicos. Se trata de un procedimiento clave para cuantificar los daños y avanzar hacia sanciones administrativas y penales contra los responsables.
Tejera subrayó que seguirá hasta las últimas consecuencias: “No es sólo contra los empresarios que entraron con las máquinas. Vamos también contra cualquier funcionario que haya sido cómplice o haya mirado hacia otro lado. Esto no puede quedar impune”.
La afectada concluyó con una frase que resume el sentir de muchos ciudadanos preocupados por la protección del medio ambiente en Yucatán: “Hemos ganado una batalla, pero no la guerra. Vamos a llegar hasta el final. Por la naturaleza, por la memoria de nuestros pueblos y por las futuras generaciones”.
