
El clima dentro del núcleo ejidal del municipio de Hoctún se encuentra enrarecido ante la creciente inconformidad de decenas de campesinos que han alzado la voz para exigir cuentas claras al actual presidente del Comisariado Ejidal, Guadalupe Uicab Ku.
Las tensiones escalaron luego de que, el pasado 26 de junio, más de 220 ejidatarios entregaran un oficio solicitando formalmente la convocatoria a una asamblea informativa, la cual, hasta el momento, no ha sido atendida por el Comisario.
Los firmantes de la solicitud, respaldados por el tesorero Pedro Pech y el secretario Luciano Puc, expresaron su preocupación por la falta de claridad en el manejo de los recursos ejidales, en particular los derivados del uso y usufructo de tierras de uso común, entre ellas, las arrendadas a la empresa Mayakan.

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Uno de los principales voceros del movimiento, don Manuel Jesús Canul Ek, afirmó que el comisariado ha incumplido su deber de rendir cuentas. “El señor Lupe Uicab nunca ha querido dar la cara. Si realmente es un mandatario transparente, debería informar cuánto fue el pago por la servidumbre de las tierras con Mayakan. La máxima autoridad es la asamblea, y él está obligado a acatar sus decisiones”, señaló.
Además, los inconformes denunciaron que se ha incumplido el acuerdo tomado en asamblea de otorgar apoyo económico a las viudas e hijos de ejidatarios difuntos, bajo la figura de usos y costumbres, lo que ha generado un profundo malestar entre las familias que esperaban dicho respaldo. Según testimonios, el Presidente del comisariado ha desestimado la decisión comunitaria, lo cual es visto como un acto autoritario y contrario a la voluntad del ejido.
Otro de los temas que ha generado controversia es el presunto cobro indebido por trámites. Los ejidatarios acusan a Uicab Ku de solicitar pagos que van desde los 600 hasta los 30 mil pesos por firmas o documentos. “Nunca mencionó eso en una asamblea. Queremos saber por qué y a dónde va ese dinero”, subrayó doña Rocío Pech de Patrón, quien forma parte de la comisión que entregó el oficio al comisariado.

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Cabe destacar que el documento firmado por más de 200 personas fue entregado en el domicilio particular del Presidente del comisariado, dado que, según los denunciantes, este se negó a recibirlo en la Casa Ejidal. Ante ello, los firmantes reiteran que la convocatoria a una asamblea es urgente e indispensable para esclarecer el manejo de los recursos, definir responsabilidades y recuperar la confianza dentro del núcleo agrario.
En palabras del tesorero Pedro Pech y del secretario Luciano Puc, ambos también firmantes del oficio, no hay claridad sobre el destino del descuento de mil 500 pesos aplicado a algunos ejidatarios ni sobre la cuenta bancaria donde estarían depositados esos recursos. “Queremos saber a nombre de quién está la cuenta, en qué banco, y quién es el beneficiario de ese dinero”, manifestaron.
Hasta la fecha, el comisario Guadalupe Uicab Ku no ha emitido un pronunciamiento público respecto a los señalamientos, lo que ha generado mayor inquietud entre los ejidatarios, quienes ahora exigen que la Procuraduría Agraria y otras autoridades competentes intervengan para garantizar la legalidad, la transparencia y el respeto a los acuerdos tomados en asamblea.
Mientras tanto, en el municipio de Hoctún, crece el clamor por una pronta solución y una gestión basada en la confianza y la legalidad. Los ejidatarios aseguraron que continuarán movilizándose y haciendo uso de los mecanismos legales que les otorga la Ley Agraria para garantizar que sus derechos colectivos no sean vulnerados.