Aunque el foco inicial estuvo en la pérdida de miel y colmenas, el impacto humano empieza a preocupar, tanto por la fumigación del pesticida como por la contaminación de agua.
El zumbido de las abejas se ha convertido en un eco lejano en Nohalal, comunidad enclavada en el sur de Yucatán. Lo que empezó como un extraño silencio en los apiarios, pronto se transformó en tragedia ambiental: más de tres millones de abejas murieron en cuestión de días. Pero el daño no terminó ahí.
“Siguen muriendo. Lento, pero se están muriendo”, repite con pesar Emilia Gómez Barrera, comisaria municipal y apicultora afectada. Desde su casa —convertida en punto de encuentro para los afectados— coordina con otros productores los pasos legales para llevar ante la justicia al responsable del exterminio de colmenas que paralizó la producción de miel y dejó a decenas de familias sin sustento.
Las pérdidas no sólo se cuentan en miel o en dinero: también se teme que el veneno haya contaminado el agua, el aire y los cuerpos de quienes habitan cerca del área rociada con fipronil, un agroquímico industrial clasificado como altamente peligroso por organismos internacionales y que, según estudios científicos, fue el causante directo de la muerte masiva de insectos polinizadores en esta zona.
“Todavía hay veneno en el aire”
El informe toxicológico de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), presentado el pasado 29 de junio, documentó, con precisión, la presencia de residuos de fipronil en las muestras de abejas recolectadas tras la intoxicación del 10 de mayo. En los tres apiarios analizados, las concentraciones del plaguicida superaban la Dosis Letal Media (DL50), suficiente para provocar la muerte de más del 50% de una colonia de abejas con sólo unos nanogramos.
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El estudio, encabezado por los investigadores Jaime González Tolentino, Eric Vides Borrell y Rémy Vandame, también mapeó el área afectada: al menos 349 hectáreas contaminadas, con una posible fuente de origen al Norte de la zona, determinada mediante análisis de viento y dispersión del químico.
La investigación advierte que el impacto no se limita a las abejas comunes (Apis mellifera), sino que alcanza a polinizadores nativos, insectos silvestres e incluso abejas meliponas, como la Xunán Kab’, especie ancestral del pueblo maya hoy considerada patrimonio biocultural en riesgo.
“Hay abejas tiradas en la entrada, en los patios, en los campos. La gente ya no quiere tomar agua del pozo”, relata Emilia, quien además encabeza las gestiones legales junto con autoridades federales como Profepa, Semarnat y la Guardia Nacional. “Esto apenas comienza. Sabemos que hubo una fumigación, sabemos el químico que se usó, y ya se tiene una sospecha de quién fue. Pero no podemos acusar sin pruebas firmes”, agrega.
Las familias productoras también acusan la pérdida de empleos y de ingresos. Ecosur estima que esta tragedia ambiental significó más de 495 días de empleo rural perdido, y pérdidas por al menos 465 mil pesos, sin contar los daños colaterales al ecosistema ni los posibles efectos en la salud humana.
“Tenemos miedo de lo que puede pasar en unos meses o años, si tomamos agua contaminada o respiramos eso que fumigaron”, comparten vecinos, que ya sospechan de pozos contaminados y síntomas recurrentes entre niños y adultos.
Temor por la salud de la comunidad
Aunque el foco inicial estuvo en la pérdida de miel y colmenas, el impacto humano empieza a preocupar más. El fipronil no sólo es letal para las abejas: puede dañar el sistema nervioso, afectar la piel, contaminar el agua y provocar alteraciones en la salud de las personas expuestas, advierten investigadores.
“TeNemos miedo de lo que pueda pasar en unos meses o años si tomamos agua contaminada o respiramos eso que fumigaron”, dicen algunos vecinos que prefieren el anonimato. La comunidad aún no tiene estudios médicos ni ambientales profundos que confirmen los niveles de contaminación en humanos, pero las señales preocupan: ardor en los ojos, náuseas, y animales domésticos que también han muerto repentinamente.
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La lucha legal comienza
Emilia Gómez confirma que los resultados científicos ya están en manos de abogados, quienes trabajan junto a dependencias federales para construir una denuncia con sustento sólido. El objetivo: identificar y sancionar al responsable, clausurar la zona de aplicación del agroquímico y exigir reparación del daño.
“No es venganza. Es justicia. Nos mataron nuestras abejas, nos quitaron el trabajo, y ahora nos preocupa nuestra salud”, dice la apicultora. “Queremos que esto no le pase a nadie más en otra comunidad”.
Mientras tanto, los apicultores siguen esperando. Las colmenas vacías son el recordatorio visible de un crimen que aún no tiene culpables.