El ecocidio ocurrido en el ejido de Nohalal, municipio de Tekax, donde más de tres millones de abejas murieron en cuestión de horas, ha comenzado a esclarecerse.
El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) concluyó que el uso de plaguicidas en una parcela cercana fue la causa directa de la mortandad masiva que arrasó con al menos 300 colmenas, provocando la pérdida total de la cosecha apícola 2025 y dejando sin sustento a más de una decena de familias campesinas.
De acuerdo con el informe preliminar, descartadas las enfermedades, la sequía o la falta de alimento como factores, el patrón de muerte súbita de las abejas sólo podía explicarse por una intoxicación aguda. El análisis de viento realizado por los especialistas indica que la sustancia tóxica provino de una parcela ubicada al norte de los apiarios afectados, donde se cultivan al menos dos hectáreas de limón.
La distancia entre los apiarios y el predio fumigado va de 308 a 1,054 metros, por lo que el radio de afectación podría alcanzar más de un kilómetro e impactar un área de más de 340 hectáreas. Las evidencias recabadas en campo también apuntan al uso de drones para aplicar el plaguicida, una técnica cada vez más común en plantaciones industriales de cítricos.
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Apicultores locales señalaron directamente a una empresa llamada Granos y Vegetales de Yucatán, a la que vinculan con las labores de fumigación aérea realizadas en el ejido vecino de San Rufino. Incluso, versiones de trabajadores de ese lugar —que pidieron el anonimato por temor a represalias— aseguran que los limones fueron recolectados de manera anticipada para evitar que se contaminaran con la sustancia esparcida.
Trabajo perdido
Eliseo Chan Gómez, uno de los apicultores más afectados, explicó que fueron más de 300 colmenas las que se perdieron entre los meses de abril y mayo, lo que representa no sólo la pérdida de la producción de miel, sino también la desaparición de alrededor de 60 mil abejas por colmena, y un costo económico superior a los 55 mil pesos por unidad. “Se trata del trabajo de años, de muchas familias. No nos quedó nada. No hay cosecha, no hay miel, no hay dinero”, declaró en entrevista con este medio.
El Colegio de la Frontera Sur también advirtió que los daños van más allá de lo económico. El reporte enfatiza la dimensión humana y ecológica del hecho: la intoxicación representa una pérdida directa de empleos rurales —equivalente a más de 400 jornadas de trabajo—, afecta a las comunidades que dependen de la apicultura y amenaza gravemente el equilibrio ambiental de la región.
La Península de Yucatán es hábitat de al menos 233 especies de abejas nativas, muchas de las cuales son polinizadores clave en los ecosistemas forestales y agrícolas. Entre ellas se encuentra la Melipona beecheii (o xunan kab’ en maya), una abeja sin aguijón que forma parte del patrimonio biocultural del pueblo maya.
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“Este tipo de daño no se ve a simple vista. Son millones de abejas que nadie cuenta, pero que son esenciales para la vida misma. Estamos hablando de una pérdida silenciosa pero gravísima”, advirtió la doctora Minneth Medina García, directora general de la Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc (Jibiopuuc), quien recalcó que sólo el Ayuntamiento de Tekax ha destinado recursos para financiar los estudios técnicos necesarios. Ninguna otra autoridad ha ofrecido apoyo hasta ahora.
Historia repetida
Medina recordó que casos como el de Nohalal no son aislados. En 2023, más de 3,000 colmenas murieron en Hopelchén, Campeche, bajo circunstancias similares. El patrón se repite: monocultivos, agroquímicos sin control, y autoridades ambientales ausentes.
Los apicultores, entre ellos Gregorio Chan Ramírez, señalaron que en más de cinco décadas no se había visto una pérdida de esta magnitud en la comunidad. Advirtieron que, sin medidas inmediatas, este ecocidio podría marcar el inicio del colapso de la apicultura local. “No es sólo lo que ya perdimos. Es lo que viene. Si nadie detiene esto, no habrá vuelta atrás”, lamentó.
El caso continúa abierto. Ecosur espera ahora los resultados de laboratorio que determinarán con exactitud cuál fue el plaguicida responsable de la intoxicación. Sólo entonces se podrá exigir justicia ante lo que ya se considera uno de los peores desastres ambientales recientes en el sur de Yucatán.
