El exalcalde de Kaua, Crescencio Noh Cen, enfrenta graves cargos tras la denuncia interpuesta por la actual administración municipal, relacionados con el otorgamiento de licencias a sus familiares para expender bebidas alcohólicas, así como a los parientes del extesorero municipal, entre otras acusaciones.
Del caso se está haciendo cargo la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán, que ya abrió la carpeta de investigación correspondiente y se realizan las indagatorias necesarias para fincar los cargos que correspondan al expresidente municipal.
De acuerdo con lo que se dio a conocer, el alcalde actual, Carlos Chay Canul, fue quien interpuso la denuncia, en la que se detalla, entre otras cosas, que Noh Cen no sólo expedía licencias a sus familiares para la venta de cervezas, sino que además lo hacía sin la aprobación del Cabildo, es decir, aplicando una notoria corrupción en beneficio de su parentela.
Además de ello, cobraba impuestos sin reportarlos a la tesorería, lo cual ocurrió durante los tres años que duró su administración, desde 2021 hasta 2024, generando con ello un grave daño patrimonial al municipio y, por ende, a sus habitantes.
Por el momento trascendió que se han realizado algunas entrevistas a exfuncionarios municipales, quienes desconocían por completo que ingresara dinero a las arcas municipales por diversos cobros de impuestos, lo cual confirmaría la versión de que los recursos recaudados de esa forma jamás eran aplicados al municipio.
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De proceder la denuncia, sería el segundo caso en contra de exfuncionarios que se da en Yucatán en este 2025, pues anteriormente se denunció a Alicia Góngora Mejía, quien fuera alcaldesa de Tinum, y a los siete integrantes de su Cabildo en el período 2021-2024, así como a su hijo y a su sobrina, por el delito de ejercicio abusivo de funciones, al otorgar licencias para venta de bebidas alcohólicas a favor de dos regidores y parientes.
Sin embargo, la sentencia emitida contra todos ellos sólo fue de inhabilitación para ser servidores públicos por tres años, y la suspensión de sus derechos político-electorales.
