El presupuesto que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac) plantea para el 2027 no sólo sería el más elevado de los últimos procesos locales. Su composición muestra dónde se concentrará el dinero: de los 631.5 millones de pesos solicitados, 425.4 millones se repartirían entre financiamiento a partidos políticos y candidaturas independientes, por un lado, y remuneraciones del personal electoral, por otro.
Son 67.4% del proyecto completo. Dicho de otra manera, aproximadamente dos de cada tres pesos quedarían concentrados en esos dos conceptos, mientras la organización específica de las elecciones absorbería 161 millones, equivalente a 25.5% del total. El resto corresponde al funcionamiento de oficinas y otros programas institucionales.
La distribución permite mirar el presupuesto desde un ángulo distinto al simple aumento global. El Iepac no está planteando destinar 631.5 millones exclusivamente a instalar casillas, imprimir boletas o contar votos. De esa cantidad, 212.8 millones corresponden al financiamiento público de partidos y candidaturas independientes, incluido el gasto para la obtención del voto, y otros 212.6 millones a remuneraciones del personal del instituto y de quienes intervengan en las actividades electorales.
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La propuesta fue aprobada por unanimidad el 14 de octubre y todavía no constituye el presupuesto definitivo. Deberá pasar por el Poder Ejecutivo para ser incorporada al paquete económico y posteriormente por el Congreso del Estado, que tendrá la decisión final sobre el monto.
Una bolsa mayor
La comparación con la elección del 2024 dimensiona el crecimiento.
Para aquel año, el Iepac solicitó 523.6 millones de pesos, pero el Congreso autorizó inicialmente 436.6 millones. La diferencia entre aquel techo aprobado y la petición para el 2027 es de casi 195 millones de pesos, un incremento nominal de aproximadamente 44.6%.
Si la comparación se hace entre las solicitudes originales de ambos procesos, el crecimiento es menor: de 523.6 millones solicitados en el 2024 a 631.5 millones para 2027, unos 107.9 millones adicionales, equivalentes a 20.6%.
Hay, sin embargo, una diferencia importante: esas cifras son nominales. Entre ambos procesos transcurren tres años de inflación, por lo que el incremento presupuestal no puede interpretarse íntegramente como aumento real del costo electoral.
La composición también cambió. En el proyecto del 2024 se habían planteado 188.7 millones para partidos y candidaturas independientes y 129 millones para el programa electoral. En el proyecto de 2027, esas cantidades suben a 212.8 y 161 millones, respectivamente.
Más partidos en la mesa
Una parte del incremento tiene explicación directa: habrá más fuerzas políticas recibiendo recursos públicos.
Durante este año el Iepac reconoció la incorporación de PAZ y Somos México, como partidos nacionales con derecho a financiamiento estatal, y de Compromiso Social, como nuevo partido local. Con ellos, el escenario yucateco pasa de siete fuerzas políticas con financiamiento a diez.
Sólo para 2026, año sin elección constitucional ordinaria, el propio instituto había proyectado 144.5 millones de pesos para financiamiento partidista. Para 2027, la bolsa destinada a partidos y candidaturas independientes sube a 212.8 millones, aunque la comparación debe tomarse con cautela porque el monto electoral incorpora recursos para campañas y eventualmente aspirantes sin partido.
El crecimiento de esa partida no depende exclusivamente de una decisión discrecional del instituto. Una parte se determina mediante fórmulas legales vinculadas al padrón, la Unidad de Medida y Actualización y la distribución entre partidos; el Iepac calcula y entrega esos recursos conforme a las reglas vigentes.
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Los recortes pendientes
La petición llegará al Congreso con un antecedente incómodo para el organismo electoral.
En el 2024, el Iepac pidió 523.6 millones y recibió inicialmente 436.6 millones. El propio instituto señaló entonces que requería al menos 493.1 millones para terminar el ejercicio con todas sus obligaciones cubiertas.
La presión financiera llegó a septiembre de aquel año. El Consejo General aprobó modificaciones para poder subastar bienes y reasignar partidas con el objetivo de cubrir salarios después de que los recursos disponibles se redujeran durante el proceso electoral.
Un año después ocurrió algo similar. Para 2025 el instituto solicitó 280.8 millones, pero el Congreso autorizó 245.6 millones. De ese presupuesto, 134.1 millones —54%— estaban comprometidos legalmente para financiamiento de partidos, por lo que el margen para la operación institucional quedó reducido. El Iepac decidió entonces solicitar una ampliación de 21.4 millones.
Esos antecedentes explican por qué el proyecto de 2027 tendrá una discusión adicional: no sólo cuánto solicita el árbitro electoral, sino cuánto del monto aprobado quedará realmente disponible para organizar la elección después de cubrir obligaciones legales y laborales.
Una elección de gran escala
Yucatán renovará el 6 de junio del 2027 sus 106 presidencias municipales, 106 sindicaturas, 587 regidurías y las 35 diputaciones locales, 21 de mayoría relativa y 14 de representación proporcional. La elección local coincidirá además con la federal para renovar la Cámara de Diputados.
Las precampañas locales están programadas del 15 de enero al 12 de febrero y las campañas del 20 de abril al 2 de junio, un periodo de 44 días antes de la jornada electoral.
Eso implica documentación electoral, consejos distritales y municipales, sistemas informáticos, cómputos, contratación temporal, capacitación, logística y coordinación con el Instituto Nacional Electoral.
Pero el presupuesto publicado hasta ahora mantiene una zona que será clave para la revisión legislativa: los 212.6 millones de remuneraciones agrupan tanto al personal permanente del Iepac como a quienes se incorporen específicamente por el proceso electoral. El dato general no permite conocer cuánto corresponde a la estructura ordinaria y cuánto al reforzamiento temporal.
Algo similar ocurre con los 161 millones destinados a la elección. El comunicado oficial informa el monto global, pero no detalla públicamente cuánto irá a documentación, materiales, capacitación, sistemas, consejos electorales, convenios o logística.
Ya no sólo es cuanto
La discusión presupuestal de 2027 llegará, además, con más presión sobre otras instituciones electorales. El Tribunal Electoral del Estado solicitó 52.6 millones de pesos, de los cuales 9.9 millones están relacionados específicamente con el proceso 2026-2027, ante la expectativa de impugnaciones derivadas de los comicios.
Así, el debate no se reduce a determinar si 631.5 millones son muchos o pocos.
La pregunta central será qué parte del gasto es inevitable por mandato legal, cuánto responde al crecimiento de la competencia política y cuánto requiere una explicación más precisa del instituto.
Porque detrás del número global hay una distribución que cambia la lectura: un tercio para partidos, otro tercio para remuneraciones y apenas una cuarta parte identificada directamente como organización electoral.
Antes de aprobar el presupuesto definitivo, el Congreso tendrá oportunidad de exigir justamente eso: no sólo una cifra total, sino una explicación clara de qué compra, qué financia y qué garantiza cada peso de la elección del 2027.
