El Gobierno de Yucatán informó que no ha otorgado autorizaciones para establecer nuevas granjas porcícolas en la entidad y que concentrará sus esfuerzos en regular y regularizar las unidades existentes, ante las preocupaciones ciudadanas por los posibles impactos de esta actividad en el medio ambiente y la calidad del agua.
A través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), la administración estatal señaló que busca fortalecer la vigilancia ambiental del sector, debido a las características kársticas del suelo y la alta permeabilidad del acuífero yucateco, condiciones que incrementan la importancia de prevenir posibles afectaciones a las fuentes de agua.
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Entre las medidas implementadas se encuentra el impulso a la instalación de nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales en empresas porcícolas, mediante convenios con la Federación. De acuerdo con la dependencia, estas obras buscan mejorar los procesos de tratamiento, elevar los estándares de calidad y reducir los riesgos de contaminación.
La SDS también destacó la coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para fortalecer las labores de inspección, vigilancia y sanción. Para ello, se formalizó un Convenio Marco de Coordinación el 3 de octubre de 2025 y un Convenio Específico de Coordinación el 7 de abril de 2026.
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Otra de las acciones previstas es la instalación de equipos para monitorear en tiempo real la calidad del agua en puntos estratégicos de Yucatán, en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y centros de investigación. Esta red permitirá generar información científica para identificar oportunamente posibles alteraciones y respaldar las decisiones de las autoridades.
La dependencia estatal sostuvo que estas medidas forman parte de la estrategia para compatibilizar las actividades productivas con el cumplimiento de la legislación ambiental. Asimismo, indicó que mantendrá la coordinación con autoridades federales, instituciones académicas y la sociedad civil para proteger los recursos naturales de la entidad.
