El niño tiene once años y vende dulces en el Mercado Lucas de Gálvez desde las seis de la mañana. Su mamá lo dejó con una bolsa de plástico llena de chicles, una sonrisa entrenada para la indiferencia de los compradores y la instrucción de no volver a casa hasta juntar cien pesos. Él no sabe que tiene nombre en las estadísticas. Se llama trabajo infantil, y en Yucatán va en aumento.
El estado que mantiene su crecimiento económico, su seguridad y su modernidad enfrenta una paradoja incómoda: sus niños, los de verdad, los que no aparecen en los folletos turísticos ni en los discursos de inauguración, cargan con carencias que los datos oficiales documentan con frialdad matemática pero que pocos se atreven a leer en voz alta.
Los números son de organismos irrefutables: Coneval, Inegi, Redim –la Red por los Derechos de la Infancia en México– y el propio Gobierno Federal. Y lo que dicen sobre la infancia yucateca es que el boom económico tiene un punto ciego enorme, del tamaño de al menos 112 mil 100 niños.
Hambre que no se nombra
El 17.1% de la población de entre 0 y 17 años en Yucatán presentaba carencia por acceso a alimentación nutritiva y de calidad en el 2022, según la medición más reciente del desaparecido Coneval. Traducido a personas concretas: 112 mil 100 niños y adolescentes en el estado más próspero del Sureste no comen bien.
No es que pasen hambre absoluta –aunque algunos sí–, es que su dieta carece de la calidad necesaria para un desarrollo cerebral y físico óptimo. La consecuencia no es visible mañana; se cobra en décadas.
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Lo que sí mejoró en ese periodo fue la tendencia: entre el 2020 y el 2022, esa carencia alimentaria bajó 10.5 puntos porcentuales, de 27.6% a 17.1%. Pero la caída, celebrada en los informes gubernamentales, deja sin responder la pregunta más incómoda: ¿por qué en el 2026, con cuatro años adicionales de crecimiento económico, no existe aún la medición actualizada que confirme si esa tendencia se mantuvo?
Mientras tanto, el 52.5% de los menores yucatecos sigue sin acceso a seguridad social. Uno de cada dos niños en este estado no tiene IMSS, Issste ni ningún esquema de protección formal. Si se enferman, sus familias pagan del bolsillo o esperan turno en una clínica del IMSS Bienestar.
El empleo que no debería existir
Entre el 2019 y el 2022, la cantidad de niños, niñas y adolescentes en condición de trabajo infantil aumentó en Yucatán. No es un dato menor ni una nota al pie: es una tendencia que va a contracorriente de lo que cualquier gobierno con recursos crecientes debería mostrar. El trabajo infantil no es sólo una injusticia; es un predictor estadístico de pobreza intergeneracional. El niño que trabaja hoy a los once años tiene menor probabilidad de completar su educación, de acceder a empleos formales de adulto, de romper el ciclo.
Yucatán tiene recursos. Tiene un presupuesto estatal en expansión, una derrama turística histórica, exportaciones manufactureras que le subieron dos lugares en el ranking nacional. Tiene, en papel, los medios para erradicar el trabajo infantil. Lo que parece faltarle es la urgencia de hacerlo.
El 7.2% de los niños yucatecos de 3 a 17 años presenta rezago educativo –unos 41 mil 600 menores–. Aunque Yucatán ocupa el lugar 32 de 32 estados en ese indicador, lo que significa que es relativamente el mejor posicionado, la cifra absoluta sigue representando miles de infancias truncadas. Y el rezago educativo y el trabajo infantil son compañeros: donde uno crece, el otro lo acompaña.
La violencia que toca a la niñez
Los números más duros del reporte de Redim de septiembre del 2024 no hablan de pobreza: hablan de violencia. Entre el 2022 y el 2023, aumentó la cantidad de menores víctimas de homicidio doloso en Yucatán. Aumentaron también las atenciones hospitalarias por violencia sexual y física a menores. Aumentó la violencia sexual y física documentada dentro de las propias escuelas.
Y entre el 2021 y el 2022 aumentó el suicidio de personas de 10 a 17 años. Esa estadística es especialmente brutal porque tiene nombre: son adolescentes en secundaria y preparatoria, en una etapa en que el cerebro aún se está formando, que encontraron en la muerte la única salida que veían disponible.
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¿Qué tiene que ver la pobreza con la violencia contra la infancia? Todo. La evidencia internacional es consistente: los factores de riesgo para la violencia contra menores incluyen pobreza, hacinamiento, rezago educativo, desempleo, uso de alcohol en el hogar y ausencia de redes de protección social. Yucatán tiene avances en algunos de esos frentes, pero retrocesos en otros.
El Gobierno del Estado ha hecho del discurso del crecimiento económico su principal carta de presentación. Y los números macroeconómicos le dan la razón: 434 mil 758 trabajadores afiliados al IMSS, tasa de ocupación del 98.6%, exportaciones en alza. Pero esos números no tienen edad. No distinguen entre el adulto empleado en una maquiladora y el niño que dejó la escuela para ayudar en casa.
La pregunta sin respuesta
En el Yucatán del 30 de abril del 2026, mientras los niños de familias acomodadas de Mérida recibirán regalos, irán a parques de diversiones y celebrarán su día con pastel, otros niños harán lo que hacen todos los días: trabajar, cuidar hermanos, sobrevivir. El dato duro es que no sabemos exactamente cuántos son, porque la medición de pobreza infantil más reciente tiene cuatro años.
El Coneval la medía cada dos años. Su próxima publicación con datos del 2024 llegará en este 2026. Cuando esté disponible, revelará si el boom yucateco finalmente alcanzó a sus niños, o si el crecimiento siguió siendo un asunto de adultos.
Mientras tanto, el niño del mercado Lucas de Gálvez seguirá vendiendo chicles para “festejar” su día.
