Ante el incremento de las presiones sobre el litoral yucateco por la ocupación irregular de predios, la destrucción de manglares y otras afectaciones a ecosistemas costeros, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acordaron fortalecer la coordinación para investigar y perseguir los delitos ambientales cometidos en la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).
Durante una reunión de trabajo, ambas dependencias definieron nuevas líneas de acción para agilizar la integración de carpetas de investigación y dar seguimiento a las denuncias relacionadas con daños a los recursos naturales.
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Como parte de la estrategia, la Profepa participará como coadyuvante en las investigaciones encabezadas por la FGR, con el objetivo de reforzar la obtención de pruebas y facilitar el proceso para fincar responsabilidades.
La coordinación cobra relevancia en un contexto en el que la costa yucateca ha enfrentado en los últimos años diversos conflictos por el cambio ilegal de uso de suelo, rellenos en humedales, afectaciones a manglares y construcciones en áreas protegidas, principalmente en municipios como Progreso, Sisal, Celestún, San Crisanto, Telchac Puerto y Río Lagartos, donde organizaciones ambientales y habitantes han denunciado daños al patrimonio natural.
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Especialistas han advertido que la pérdida de manglares y dunas costeras incrementa la vulnerabilidad de las comunidades frente a huracanes, erosión e inundaciones, además de afectar hábitats esenciales para aves, peces y otras especies que dependen de estos ecosistemas.
La FGR señaló que el fortalecimiento de la coordinación con la Profepa busca hacer más eficaces las investigaciones por delitos federales contra el ambiente y reiteró que la ciudadanía puede denunciar este tipo de hechos de manera presencial en sus oficinas de Mérida o mediante los canales telefónicos y electrónicos habilitados para ese fin.
