El Juez Segundo de Control de Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado, Santos Alfredo May Tinal, otorgó el sobreseimiento de la carpeta 334/2024 por los supuestos delitos de despojo y privación ilegal de la libertad interpuesta por tres trabajadores de la Granja San Gerardo, ubicada en la comisaría Santa María Chi, contra el comisario Wilberth Nahuat Tun, quien fue acusado por los representantes legales de dicha compañía porcícola.
Con ello, se pone fin a una vieja disputa entre pobladores y autoridades de la comunidad y los propietarios de la granja de cerdos aparcera de Kekén. Sin embargo, la empresa y las presuntas víctimas podrán para impugnar la reciente sentencia.
“El juez fue contundente en pronunciarse en esos términos a nuestro favor. Agradecemos al acompañamiento del Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán, las abogadas y abogados siempre firmes y directos. Me siento tranquilo, desde siempre me sentí así, porque el que nada debe nada teme. Nosotros lo único que hemos hecho es cuidar nuestra salud primeramente, pero también el territorio, tanto por nosotros como por las generaciones que vienen atrás”, afirmó el comisario.
La historia de lucha
En la tranquila comisaría de Santa María Chi, a unos kilómetros de Mérida, la vida rural transcurría sin grandes sobresaltos hasta que la mega granja del Grupo Porcícola San Gerardo comenzó a expandirse. Años de olores fétidos, moscas sobre las casas, lagunas de purines al descubierto y agua turbia generan un descontento creciente entre los poco más de 500 habitantes de esta comunidad maya.
El detonante del problema fue la denuncia pública de la comunidad, que apuntaba a que la instalación operaba sin permisos adecuados, sin tratamiento de residuos y sin considerar los impactos ambientales en un territorio ubicado en el anillo kárstico que alimenta parte del acuífero peninsular.
Cuando comenzaron los bloqueos, los vecinos y el comisario Nahuat Tun ya sabían que no se enfrentaban sólo a un problema local, sino a una lógica de poder: la producción intensiva de cerdos concentrada en Yucatán –y particularmente en territorio maya–. “No era sólo por nuestra agua, sino por la dignidad de nuestra vida”, comenta una vecina que prefirió el anonimato.
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Organización, resistencia y la asamblea de pueblo
Fue entonces cuando Santa María Chi se transformó en asamblea permanente. Vecinas que cuidaban huertos, trabajadores que ya no podían dormir con el zumbido de las bombas de excrementos, ancianos con problemas respiratorios y niños con asma se unieron bajo un único propósito: que la granja no se ampliara y que se controlara lo que ya existía.
El comisario Nahuat Tun se convirtió en la cabeza visible de la movilización, pero también en blanco de denuncias: la empresa lo acusó de “despojo de propiedad y privación ilegal de la libertad” como un intento de amedrentamiento.
Sin embargo, el recurso de amparo presentado por los jóvenes de la comunidad –que señalaban la vulneración de sus derechos humanos a la salud, al agua y al medio ambiente sano– pavimentó el camino judicial.
En enero de 2025, el tema llegó al Cabildo de Mérida, donde se cuestionó por qué las licencias municipales seguían vigentes pese a la resolución federal de suspensión. Al perecer, dependencias municipales habían dado permisos para continuar las operaciones de la granja.
El veredicto judicial: victoria contra viento y lodo
El 15 de diciembre de 2023 comenzó a marcarse un antes y un después: la justicia federal ordenó la suspensión provisional de la granja, citando pruebas de impacto ambiental, afectaciones en salud y la falta de permisos federales para descargas residuales.
En 2025 la Profepa confirmó la clausura definitiva de la instalación y la reubicación de los animales, aunque la comunidad sigue vigilante para que el desmantelamiento sea real.
La resolución de la Fiscalía de Yucatán en octubre de 2025, de no ejercer cargos contra el comisario por las protestas pacíficas, consolidó la victoria simbólica y jurídica del pueblo.
“Hoy el cerdo ya no decide sobre nuestra agua”, afirma Nahuat Tun, sentado frente a la casa comisarial que también fue centro de reuniones, estrategias y amenazas.
Náhuat condenó la criminalización que muchas empresas aplican y acusan a todos aquellos defensores de los territorios mayas, porque no sólo se trata de defender una zona o un recurso natural, se trata, según el comisario, de exigir que los derechos humanos se apliquen como debe ser a los pobladores.
Relató a POR ESTO! que desde el primer momento en que lo inculparon, confió en las autoridades yucatecas de justicia, aseverando que, cuando alguien defiende con pruebas, bajo la ley y con el apoyo de muchas personas, nadie puede ser culpable, aunque reconoció que, en su momento, tuvo temor porque sabía la dimensión económica y de poder que la empresa en cuestión puede llegar a tener.
La empresa que estaba asentada en Santa María Chi es, según registros oficiales del municipio de Mérida, propiedad de los empresarios Oswaldo Loret de Mola Coldwell y Francisco José Loret de Mola Díaz, socios de Kekén.
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Más allá de la clausura: retos, vigilancia y nueva lucha
Aunque la granja está clausurada, la comunidad sabe que el éxito no se mide sólo en una sentencia. El traslado de los animales a otras instalaciones en Yucatán genera inquietud; se teme que el modelo simplemente migre a otro sitio.
La vigilancia ambiental sigue siendo clave: agua residual, olores, moscas, suelo saturado de nitratos, todos los indicadores siguen en la mira de Santa María Chi. Activistas y académicos apuntan a que sin una reforma estructural del modelo porcícola, otros territorios mayas vivirán el mismo ciclo.
El valor de esta victoria de la comunidad radica en que una comisaría con pocos recursos derrotó un proyecto respaldado por grandes capitales. Ahora toca convertir ese triunfo en políticas de vigilancia ciudadana, en protección del territorio y en la generación de una economía alternativa que respete el agua, la salud y el modo de vida indígena.
Un pueblo que enseñó al poder
La batalla de Santa María Chi demuestra que la resistencia organizada puede detener la maquinaria económica que, en muchos casos, opera bajo la permisividad de autoridades. No se trató sólo de protestas, sino de ciencia ciudadana, recursos legales, alianzas con ONG y persistencia.
“Aquí decidimos que no era un problema de otro, sino nuestro problema”, dice una vecina en el umbral de su casa. Y es esa convicción la que ahora marca el camino para otras comunidades de la península.
La victoria de Santa María Chi es tanto jurídica como simbólica: el agua ganó y la dignidad volvió a ser parte del paisaje.
