Tras la incertidumbre que se vive en la comisaría de Santa María Chi en Mérida por la clausura de la granja porcícola del Grupo San Gerardo y el destino de los cerdos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que estará al tanto junto a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para avanzar en las investigaciones.
Al ser cuestionada en “La Mañanera del Pueblo” desde Palacio Nacional, la Presidenta de México mencionó que la actividad de las granjas porcícolas es muy contaminante y hay técnicas que permiten evitarlo.
Compartió que lo que realiza actualmente la Profepa es no cerrarlas, sino aplicar las tecnologías necesarias para disminuir las afectaciones en el ambiente y las aguas.
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De igual forma, al ser cuestionada sobre los trámites para la apertura de una nueva granja porcícola en Tekantó, respondió que estará al tanto con la Procuraduría para dar certeza a la información.
Tal y como informó Por Esto!, Santa María Chi vive incertidumbre tras la clausura de la granja porcícola del Grupo San Gerardo.
La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) confirmó que los cerdos fueron reubicados en otras granjas de Yucatán, responsabilizando al Grupo Porcícola San Gerardo, ligada a los empresarios Oswaldo Loret de Mola Coldwell y Francisco José Loret de Mola Díaz, aparceros de Kekén.
Pese a ello, la comunidad de Santa María Chi destacó la urgencia de retirar cuanto antes las instalaciones, pues el riesgo de contaminación persiste.
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Nuevo proyecto porcícola en Tekantó
Mientras Santa María Chi enfrenta el proceso de cierre y traslado de animales, en el municipio de Tekantó otro proyecto porcícola busca abrir sus puertas.
De acuerdo con el Diario Oficial del Estado, se ingresó una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para el “Centro Porcícola Tixcochoh”, en el ejido del mismo nombre. El predio, conocido como “Granja Inquietas 12”, se ubica en la parcela 33 Z-1 P/1 del núcleo ejidal.
El proyecto plantea la cría y engorda de 24 mil cerdos en ocho naves de producción, con el objetivo de abastecer al mercado regional y nacional. La superficie del complejo abarcaría más de 301 mil metros cuadrados, distribuidos entre áreas de conservación, riego, producción y servicios.
La SDS aclaró que el promovente está obligado a cumplir con lo dispuesto en la MIA y aplicar medidas de mitigación ambiental. Además, se abrió un plazo de cinco días hábiles para que la población interesada consulte el documento y presente observaciones. La documentación se encuentra disponible en las oficinas de la Secretaría en Mérida.
