Diputados integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), así como de la representación legislativa de Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas a la Ley de Expropiación aprobadas el 1 de septiembre de 2025 por la bancada de Morena y sus aliados de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM).
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La demanda, en contra del Poder Legislativo de Campeche y de la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, y dirigida al presidente de la Corte, el ministro Hugo Aguilar Ortiz, fue firmada por 15 legisladores de oposición: los priístas Miguel Ángel Pool Alpuche, Delma Rabelo Cuevas y Jorge Salim Abraham Quijano.
Asimismo, los emecistas Pedro Armentía López, Paul Arce Ontiveros, Hipsi Estrella Guillermo, Mónica Fernández Montufar, Ignacio Muñoz Hernández, Aldo Uc Contreras, Diana Aguilar Ruelas, Pedro Hernández Macdonald, Tania Domínguez Fernández y Tania González Pérez; y los panistas Rosario Cruz Hernández y Jhosué Rodríguez Golib.
De acuerdo con el recurso de inconstitucionalidad interpuesto ante la Corte, estos diputados representan más del 33 por ciento de la LXV Legislatura Local, en términos de lo dispuesto en el artículo 105 fracción II inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículo 62 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Carta Magna.
Pool Alpuche puntualizó que los diputados del PRI, MC y PAN acordaron legislativamente defender los derechos humanos y el patrimonio de las y los campechanos, a través de esta acción de inconstitucionalidad por las reformas a la Ley de Expropiación.
"Nadie debe estar por encima de la ley, ningún ciudadano debe quedar desprotegido", fustigó.
Asimismo, rechazó que esta acción sea para proteger al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, 'aunque siempre dijimos y ahora se comprueba que esta ley sí tenía destinatario', sino para cuidar los derechos y el patrimonio de las y los ciudadanos.
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Finalmente, sostuvo que este recurso fue presentado en tiempo y forma, antes de los 30 días que la ley establece, y 'ahora daremos la pelea en la Suprema Corte de Justicia para que ningún campechano sea violentado', confiando en que la máxima autoridad judicial de este país revoque esta ley, velando por el interés público.
JGH
