Luego de que una jueza emitiera una orden de protección por 90 días para una superficie superior a las 63 mil 136 hectáreas, campesinos y productores de Santa Rita ahora deben abstenerse de trabajar sus tierras, a pesar de que las cuales han tenido en posesión desde hace 40 años.
Sin embargo, hubo pobladores que los exhortaron a no tener miedo y que sigan trabajando, “de ahí sacan el sustento”.
Avelino Miss Pedraza, comunero local, señaló que, Jacqueline Cervera Sánchez, juez segundo interna del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Poder Judicial de la Federación emitió una resolución que indica que ya existe una orden de protección de toda la superficie mencionada.
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Detalló que derivado a esa orden judicial, los campesinos, comuneros y productores del ejido de Moch Cohuó (Santa Rita) debe abstenerse de trabajar sus tierras tal como lo han hecho desde hace 40 años, cuando tomaron posesión de las mismas, y desde entonces se dedicaron a la siembra de maíz, ganadería, apicultura, entre otros.
El líder comunero mencionó que la orden de protección es el resultado de una demanda penal en contra del ejido Moch Cohuó y varios excomisarios ejidales, quiénes fueron acusados por el empresario Carlos Diez de despojo de sus tierras, de invasión de las mismas y también de pandillerismo.
Detalló que el ejido que tiene esas tierras en posesión, prácticamente ya las perdió porque a través de la Sociedad Mercantil Inmobiliaria “Costa Verde” S. A. de C. V. se realizó la compra-venta de las 63 mil 136 hectáreas, y pasaron a ser propiedad de Carlos Diez en 2021, lo anterior con el aval de la Notaría Pública 07 con sede en la ciudad de San Francisco de Campeche, a cargo de Jorge Luis Ortega González, quién emitió la escritura número 387.
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“No sabemos cómo es que este empresario adquirió nuestras tierras que venimos trabajando desde 1986, sabemos que las compró a través de la sociedad mercantil, pero para que eso suceda, en la sociedad mercantil debe haber gente del ejido y de la comunidad, pero nosotros desconocemos quienes son”, aseguró Miss Pedraza.
Sin embargo, con apoyo del Estado buscan la obtención de un amparo judicial y agrario contra la orden de protección, pues llegó la época de siembra de chigua, maíz y soya, entre otros cultivos más.
“Tenemos el respaldo de la Gobernadora Layda Sansores y del subsecretario de Gobierno de la zona norte B y Chenes, Carlos Baqueiro Cáceres, para obtener un amparo ante la orden de protección”, externó.
Mientras que el comunero Rogelio Ramos Pérez pidió a sus paisanos a trabajar sus tierras, sobre todo los que ya compraron semilla y fertilizante, porque “las tierras son de ellos, tienen la posesión y nadie puede arrebatárselas”.
