La zona arqueológica de Dzehkabtún, que constitucionalmente debe ser propiedad de la nación, fue incluida en una superficie de más de 63 mil hectáreas que la Sociedad Mercantil Inmobiliaria “Costa Verde” S. A. de C.V. vendió al empresario español Carlos Diez, denunciaron ejidatarios del núcleo agrario Moch Cohuó (Santa Rita).
De acuerdo con Avelino Miss Pedraza, uno de los representantes ejidales, el hecho resulta alarmante, ya que implica que “una propiedad federal haya sido vendida a un particular”.
Acusaciones y conflicto agrario
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Miss Pedraza informó que él y otros ex comisarios ejidales han sido demandados por despojo, invasión de tierras y pandillerismo por el citado empresario, quien asegura ser dueño legítimo tras la compra realizada en noviembre de 2021.
“Nos acusa de invadir tierras que hemos trabajado por más de 40 años, pero esa superficie forma parte del ejido y está en plena producción. El sustento de más de 120 familias depende de ahí”, denunció el campesino.
Terrenos productivos en disputa
La venta incluye no solo Dzehkabtún, sino también la ex hacienda de Holcatzín, y afecta las colindancias de los ejidos Xcupil, Ich-Ek y Crucero San Luis. En esos terrenos actualmente operan apiarios, potreros de borregos, unidades ganaderas y tierras mecanizadas para agricultura.
Miss Pedraza aseguró que los documentos de la compra-venta fueron formalizados en la Notaría Pública número 7 del notario Jorge Luis Ortega González, en la capital campechana, el 30 de noviembre de 2021.
Preocupación y acciones legales
Los ejidatarios temen que el conflicto se agrave. El ejidatario Miguel Hernández recordó que el Periódico Oficial del Estado de 1989 muestra que el ejido solicitó una tercera ampliación, proceso que lleva décadas en trámite con estudios topográficos realizados.
Por su parte, Rogelio Ramos Pérez, comunero local, hizo un llamado a la resistencia: “Que los compañeros no abandonen sus tierras, que sigan sembrando, porque es de ahí de donde comen”.
Respaldo del Gobierno Estatal
Miss Pedraza destacó que ya cuentan con el apoyo de la gobernadora Layda Sansores Sanromán, y están recibiendo asesoría legal y agraria a través del subsecretario Carlos Baqueiro Cáceres, con el fin de ampararse contra una medida de protección judicial emitida por la Jueza Jacqueline Cervera Sánchez, que ordena la protección de esas tierras por 30 días.
El conflicto continuará su curso legal, ya que cuatro ex comisarios ejidales, incluido Miss Pedraza, enfrentan denuncias penales. Está programada una audiencia para el próximo jueves 26 de junio, donde esperan que la asesoría jurídica estatal sea determinante para defender su causa.
