La difícil situación económica que enfrenta Ciudad del Carmen comienza a reflejarse también en el ámbito laboral y jurídico, donde abogados litigantes reportan un incremento de hasta 50 por ciento en los casos de despidos y conflictos entre trabajadores y empresas.
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El abogado litigante Víctor Ordóñez López señaló que, debido a la crisis que atraviesa principalmente el sector privado en la isla, cada vez son más las relaciones laborales que terminan en tribunales, luego de que trabajadores denuncian despidos injustificados o inconformidades en sus liquidaciones. Desafortunadamente, pasan años no solo para concluir los procesos, sino para que los afectados reciban el resarcimiento del daño.
Explicó que esta situación es reflejo del impago de Petróleos Mexicanos (PEMEX) con sus proveedores y estos con sus subcontratados. La falta de dinero en compañías locales ha generado un aumento en el número de demandas laborales presentadas ante las autoridades, estimando que los asuntos en tribunales han crecido en comparación con periodos anteriores.
Aunque la ley laboral establece que los procedimientos deberían resolverse en un plazo aproximado de un año, en la práctica los tiempos suelen extenderse debido a la carga de trabajo que enfrentan las autoridades. En Ciudad del Carmen, los procesos comienzan generalmente en el Centro de Conciliación Laboral (CENCOLAB) y, en caso de no llegar a un acuerdo entre trabajador y patrón, continúan ante el juzgado laboral o el tribunal federal del trabajo.
Actualmente, un proceso laboral puede tardar entre un año y año y medio en condiciones ordinarias, aunque en algunos casos se prolonga hasta dos o tres años debido al número de expedientes.
El litigante añadió que, aunque muchos trabajadores logran ganar sus demandas, el verdadero desafío suele presentarse en la ejecución de la sentencia, ya que el pago de prestaciones o indemnizaciones depende de la solvencia económica de la empresa demandada, dinero —dijo— con el que no cuentan las compañías.
“No en todos los casos es garantía que, aunque el trabajador gane el juicio, pueda recuperar lo que reclama”, explicó el abogado, al señalar que por ello la ley promueve los mecanismos de conciliación para evitar procesos largos y costosos.
Finalmente, reconoció que esta situación económica también impacta a los abogados laboralistas, ya que muchos trabajadores enfrentan dificultades para cubrir honorarios legales o los procesos se prolongan más de lo previsto, lo que repercute en el ejercicio profesional del sector.
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JGH
