La Defensoría del Pueblo de Colombia denunció este sábado que seis menores de edad, presuntamente reclutados por grupos guerrilleros, murieron durante un bombardeo ordenado por el gobierno de Gustavo Petro en el departamento del Guaviare, al sur del país. Se trata del ataque más letal registrado hasta ahora bajo su administración.
En un mensaje de audio enviado a medios, la defensora Iris Marín confirmó que los menores fallecidos eran víctimas de reclutamiento forzado, y se encontraban en la zona al momento del ataque aéreo.
Bombardeos en el sur de Colombia dejan al menos 28 muertos
El bombardeo tuvo lugar el pasado martes en una zona selvática del Guaviare, como parte de una ofensiva militar contra estructuras armadas ilegales.
La operación dejó un saldo de 19 personas fallecidas, lo que la convierte en la más mortífera de las últimas semanas. En total, 28 personas han muerto en bombardeos recientes ejecutados por las fuerzas armadas colombianas.
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Contexto: presión internacional y estrategia de seguridad
La intensificación de la ofensiva militar coincide con un incremento de la presión por parte de Estados Unidos, que ha demandado resultados concretos en la lucha contra el narcotráfico.
En este contexto, el presidente Gustavo Petro ha autorizado operativos aéreos en regiones donde operan disidencias de las FARC y otros grupos armados.
La muerte de los menores ha generado cuestionamientos por parte de organismos humanitarios y defensores de derechos humanos, quienes demandan una revisión urgente de los protocolos militares, especialmente cuando existen indicios de presencia de menores en zonas de ataque.
Reacciones y demandas de transparencia
Hasta el momento, el gobierno colombiano no ha emitido una postura oficial detallada sobre la denuncia de la Defensoría. Sin embargo, organizaciones civiles han exigido una investigación independiente para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.
El caso reaviva el debate sobre la estrategia de seguridad adoptada por el Ejecutivo colombiano, así como el compromiso del Estado para proteger a la niñez en zonas de conflicto armado.
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